La Corte Suprema acogió el recurso de queja y ordenó continuar con la investigación por apremios ilegítimos ejercidos en contra del comunero mapuche José Peralino Huinca, imputado por el Ministerio Público en la investigación del caso Luchsinger Mackay.
El recurso de queja se presentó en contra de la resolución del 7 de octubre de 2016, dictada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, mediante la cual revocaron la orden del Juzgado de Garantía de la misma ciudad, dando lugar al sobreseimiento definitivo de la causa por apremios ilegítimos presentada por José Peralino Huinca en contra de Guillermo Vilches Saldivia y Claudio Leiro Marambio, ambos funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile.
El fallo unánime, decretado por la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y el abogado (i) Jean Pierre Matus– acogió el recurso especial estableciendo que los ministros del tribunal de alzada cometieron falta o abuso al dictar el sobreseimiento en etapa temprana de la investigación y con diligencias pendientes.
Producir autoincriminación
Los hechos que dieron origen a la serie de resoluciones judiciales, se habrían producido los días 8 de noviembre de 2013 y 23 de octubre de 2015 cuando se le tomó declaración y se le efectuaron amenazas, como también el 30 de marzo de 2016, previo a un control de detención.
Según declaró José Peralino Huinca los apremios cometidos por los dos funcionarios de la PDI fueron dirigidos a forzar su voluntad para autoincriminarse e involucrar a terceros en el delito de incendio con resultado de muerte del matrimonio Lucksinger Mackay,
En este sentido, la Corte Suprema acogió el recurso de queja argumentando que no debió haberse decretado el sobreseimiento definitivo de la causa porque los hechos que la fundaron no se encontraban suficientemente investigados por el Ministerio Público.
Además, la sentencia señala que no existe controversia en cuanto a que los hechos que se estiman constitutivos de delito habrían ocurrido en distintas oportunidades y consistirían “en amenazas de un mal a personas afectivamente vinculadas al querellante con ocasión de las diligencias investigativas que significaron interrogatorios bajo presión o coacción, con la finalidad de obtener su autoincriminación y la conexión de terceros a un grave delito en investigación”.
Se denunció además, que encontrándose detenido el recurrente, antes del control de detención por la investigación aludida, nuevamente habría sido coaccionado por agentes policiales, además de recibir maltrato físico con esposas y de ser obligado por un largo periodo a permanecer de pie.
El Juzgado de Garantía de Temuco deberá continuar con la investigación y determinar si efectivamente ocurrieron los hechos denunciados por Peralino Huinca, para lo cual tendrían que realizar las diligencias pendientes, que incluyen pericias en el Servicio Médico Legal y la declaración de testigos.
De comprobarse los hechos, los agentes de la PDI arriesgan penas que van desde presidio o reclusión menor en su grado máximo a presidio o reclusión mayor en su grado mínimo y la accesoria correspondiente.
