 |
| César Rodriguez, quien tiene un restaurante de tamales en Staten Island, dice que los clientes han preferido dejar de ir.Hilary Swift para The New York Times |
No van a la iglesia ni al supermercado. Algunos no van a sus citas con el doctor, otros no van a la escuela. No están usando el coche, punto. No cuando un faro descompuesto puede llevar al conductor ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).
Ha pasado en Staten Island, donde hay menos jornaleros en las esquinas buscando trabajo; en el distrito escolar Isaac en el oeste de Phoenix, donde 13 estudiantes latinos han abandonado la escuela desde principios de febrero, y en las caballerizas al norte de Nueva Jersey, donde uno de los muchos mozos indocumentados que limpian los establos está considerando regresar a Honduras.
Si bien la deportación siempre ha sido una amenaza en teoría para las 11 millones de personas que viven en Estados Unidos de manera ilegal, rara vez significaba un peligro para quienes no hubieran cometido delitos graves. Sin embargo, con la intención del gobierno de Trump de frenar la migración ilegal y después de que emitiera el 21 de febrero dos memorandos que definen los planes para acelerar las deportaciones, esa amenaza ha comenzado a dictar las decisiones de muchas personas.
Ha alejado a una familia del parque local donde acostumbraba jugar béisbol en las tardes y a jóvenes de una cancha de fútbol en Brooklyn donde alguna vez fueron comunes los partidos improvisados.
Meli, de 37 años y quien llegó a Los Ángeles desde El Salvador hace más de 12 años, se ha mantenido en un estado de arresto domiciliario autoimpuesto: se niega a conducir, teme salir de casa y se pregunta cómo llevará a su hijo más pequeño, que tiene autismo, a sus citas con el doctor.
“No quiero ir a la tienda ni a la iglesia; están buscando por todos lados y saben dónde encontrarnos”, dijo Meli, quien pidió que no se publicara su apellido por miedo a ser detenida. “Podrían estar esperándonos en cualquier lado. Cualquier esquina, cualquier calle”.
En Filadelfia, Nueva York, Los Ángeles y otros lugares, el miedo ha arrastrado a olas de inmigrantes a las puertas de grupos de activistas y servicios legales sin fines de lucro, que escuchan una y otra vez las mismas preguntas: ¿qué debo hacer si me detiene un oficial del ICE? ¿Qué tan pronto puedo solicitar la ciudadanía si ya soy residente permanente legal? ¿Cómo puedo designar a alguien con papeles migratorios como tutor de mis hijos si a mí me deportan?
“Hay un miedo real de que se llevarán a sus hijos al sistema de resguardo de menores”, dijo Mary Clark, directora ejecutiva de Esperanza Immigrant Legal Services, en Filadelfia. “Las personas nos preguntan a nosotros porque no saben a quién más recurrir”.
Las nuevas políticas prevén que haya deportaciones más rápidas, así como la contratación de 10.000 agentes del ICE, a quienes el gobierno ahora ordena que respondan a cualquier falta, sin importar cuán pequeña sea, como fundamento para la expulsión. Para los seguidores de Trump y quienes llevan toda la vida defendiendo que haya un cumplimiento más estricto de las leyes migratorias, tales medidas constituyen una maniobra bienvenida en un sistema que, según ellos, no ofrecía frenos al ingreso ilegal al país. En su opinión, los indocumentados han robado empleos que les pertenecen a los estadounidenses, han drenado los recursos públicos y se han saltado lugares en la fila de las visas mientras otros han esperado durante años.
Para los indocumentados, en contraste, el ambiente en Washington es una señal de que deben prepararse para lo peor.
En el estacionamiento de una calle de tiendas en Austin, Texas, una pareja que caminaba con sus dos hijos luego de haber acudido a una cita con el pediatra dijo que ya habían escogido a un amigo con papeles como custodio de su hijo en caso de que a ellos los envíen de vuelta a México.
“También les estamos tramitando pasaportes de Estados Unidos a nuestros hijos para que puedan ir a visitarnos a México”, dijo el hombre, un empleado de un restaurante que usaba una gorra de béisbol. Dijo que ha vivido en Texas durante 15 años y se negó a dar su nombre.
Dijo que no le da miedo irse, pero quiere estar preparado. “Si me van a atrapar, me van a atrapar”, dijo.
Dos monjas católicas de las Hermanas de Loreto, que no quisieron ser identificadas porque no desean poner en peligro a las personas que atienden, dijeron que ya están viendo cómo los indocumentados que conocen han cambiado sus costumbres debido al miedo.
Conocen a una mujer que ha dejado de ir a la farmacia para comprar sus medicinas. También conocen a una pareja, empleados de un restaurante, que han vivido en Estados Unidos durante 25 años y ahora se turnan para hacer las compras. Se imaginan que así sus hijos se quedarán con uno de sus padres si las autoridades se llevan al otro.
Algunas familias de bajos ingresos en Nueva York con hijos nacidos en Estados Unidos se han negado a reinscribirse en un programa que ofrece ayuda para comprar alimentos con un valor de varios miles de dólares, dijo Betsy Plum, directora de proyectos especiales de la New York Immigration Coalition, un grupo de activistas.
“Han mostrado tendencias hacia el aislacionismo”, dijo Plum.
En un domingo promedio, el restaurante de tamales en Staten Island dirigido por César Rodríguez y su madre recauda 3000 dólares. Desde que comenzó el año, ha ganado en promedio solo 1500, y el domingo pasado obtuvo solo 700 dólares.
Rodríguez llegó a Nueva York cuando tenía 13 años y cuenta con una protección temporal contra la deportación gracias al programa del gobierno de Obama llamado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés). Dijo que cree que los indocumentados están ahorrando su dinero por si los detienen. También puede ser que sean renuentes a salir de su casa por miedo a que haya agentes migratorios vigilando la calle.
“Están haciendo caso a noticias falsas”, dijo. “Aunque no sea cierto, tienen miedo”.
Las bancas vacías en los salones de clases se han vuelto cada vez más comunes en Ceres, California, una ciudad del Valle Central donde el 75 por ciento de los estudiantes son de origen hispano, de acuerdo con los administradores de la escuela.
Las escuelas están rodeadas de lecherías y huertos de almendras, donde la mayoría de los trabajadores son indocumentados. Los administradores atribuyeron las ausencias al temor de los padres de que los identifiquen a través de los registros escolares de sus hijos estadounidenses.
En respuesta, los funcionarios de las escuelas han pedido a los maestros que les aseguren a sus estudiantes que el distrito no recopila información sobre el estatus migratorio.
En algunos casos, el miedo ha sobrepasado los hechos.
Graciela Nuñez Pargas, de 22 años, llegó cuando tenía 7 y es beneficiara del DACA. Para ella, el prospecto de hacer su prueba para obtener la licencia de conducir se ha vuelto intimidante. No es probable que las infracciones de tránsito menores resulten en trámites de deportación, pero Núñez, que vive en Seattle, de todas formas se siente angustiada.
“Están ampliando lo que implica ser un criminal”, dijo. “Cosas que una persona normal podría hacer por accidente para mí podrían significar que me manden de vuelta a Venezuela”.
En días recientes, el Northwest Immigrant Rights Project, un grupo sin fines de lucro de servicios legales con sede en Seattle, ha entregado miles de tarjetas de presentación en las que aconsejan a los indocumentados qué hacer y qué no hacer en caso de que un agente de migración toque a su puerta.
“No responda a preguntas sobre dónde nació o su estatus migratorio”, aconsejan las tarjetas.
El grupo también les dice a los migrantes que si alguien toca a su puerta, es aceptable que deslicen una tarjeta por debajo de la puerta.
En una cara de esta, se lee: “A quien corresponda: Antes de contestar cualquier pregunta, quiero hablar con un abogado”.