Inauguración del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia "Estrellita" en San Miguelito. Foto/Jesús Simmons. Ilustración insertada por el editor.
Panamá, 11 mar (PL) Cerca del 35 por ciento de los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) que existen hoy en Panamá funcionan de manera ilegal, según datos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
La directora nacional de Servicios de Protección Social del organismo Ana Cristina Terrientes precisó que en el país existen al menos 104 centros comunitarios de este tipo regidos por el Mides y cerca de 470 privados, de los cuales 200 cuentan con permisos apropiados para operar.
Solo el pasado año, el Ministerio de Comercio e Industrias cerró unos 25 Caipi, 11 más que en el 2015, por no cumplir con las normas mínimas de seguridad para los menores de cero a tres años.
Al respecto, Terrientes reconoció que entre las grandes deficiencias detectadas durante las inspecciones sobresale la falta de espacios adecuados para atender a los infantes, electricidad y personal idóneo.
Ante el incremento de estas ilegalidades, el Mides anunció la puesta en marcha de nuevos estándares de calidad en 44 Caipi a nivel nacional durante el presente año, a los cuales se sumarán igual número en 2018.
Terrientes recordó que estas normas son de absoluto cumplimiento, incluso por las instituciones privadas, donde en la mayoría de los casos el personal labora de manera irregular y sin el permiso correspondiente por parte del Mides.
Pero las operaciones clandestinas no son las únicas denuncias recibidas, pues en la mayoría de los casos los padres se quejan de negligencias en el cuidado y trato de sus hijos, además de la presencia de personal extranjero o no idóneo, hechos que no siempre conducen al cierre de los centros, precisó.
La profesora Natividad Jaramillo, coordinadora del Ministerio de Educación, dijo que a estas deficiencias se suma el hecho de que los Caipi no reúnen el estatus mínimo para atender a menores con limitaciones especiales, ni cuentan con especialistas que garanticen procesos previos de aprendizaje docente como lectura y escritura.
Un informe reciente de la Universidad Especializada de las Américas reveló que solo entre el siete y el 10 por ciento de los niños reciben los servicios técnicos y profesionales adecuados en los primeros tres años de sus vidas, por lo que la atención a la primera infancia resulta una tarea pendiente por resolver en Panamá.
oda/npg
Solo el pasado año, el Ministerio de Comercio e Industrias cerró unos 25 Caipi, 11 más que en el 2015, por no cumplir con las normas mínimas de seguridad para los menores de cero a tres años.
Al respecto, Terrientes reconoció que entre las grandes deficiencias detectadas durante las inspecciones sobresale la falta de espacios adecuados para atender a los infantes, electricidad y personal idóneo.
Ante el incremento de estas ilegalidades, el Mides anunció la puesta en marcha de nuevos estándares de calidad en 44 Caipi a nivel nacional durante el presente año, a los cuales se sumarán igual número en 2018.
Terrientes recordó que estas normas son de absoluto cumplimiento, incluso por las instituciones privadas, donde en la mayoría de los casos el personal labora de manera irregular y sin el permiso correspondiente por parte del Mides.
Pero las operaciones clandestinas no son las únicas denuncias recibidas, pues en la mayoría de los casos los padres se quejan de negligencias en el cuidado y trato de sus hijos, además de la presencia de personal extranjero o no idóneo, hechos que no siempre conducen al cierre de los centros, precisó.
La profesora Natividad Jaramillo, coordinadora del Ministerio de Educación, dijo que a estas deficiencias se suma el hecho de que los Caipi no reúnen el estatus mínimo para atender a menores con limitaciones especiales, ni cuentan con especialistas que garanticen procesos previos de aprendizaje docente como lectura y escritura.
Un informe reciente de la Universidad Especializada de las Américas reveló que solo entre el siete y el 10 por ciento de los niños reciben los servicios técnicos y profesionales adecuados en los primeros tres años de sus vidas, por lo que la atención a la primera infancia resulta una tarea pendiente por resolver en Panamá.
oda/npg
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