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| Un manifestante se intenta proteger contra el gas lacrimógeno lanzado durante protestas antigubernamentales del miércoles en Caracas. Cristian Hernandez/European Pressphoto Agency |
General Motors denunció a las autoridades venezolanas por confiscar una planta de ensamblaje de vehículos, lo que se suma al caos para la industria automotriz en ese país sudamericano.
GM dijo que se vio forzado a poner fin a sus operaciones en Venezuela por un “embargo judicial ilegal de los bienes” y que tendría que despedir a 2700 empleados ahí.
La fábrica en el estado de Carabobo “fue sorpresivamente tomada por las autoridades públicas, quienes asumieron el control de la misma, impidiendo el desarrollo de las actividades”, señala un comunicado de la división venezolana de General Motors. El gobierno también habría confiscado vehículos de la planta.
“GM rechaza fuertemente las medidas arbitrarias que tomaron las autoridades y recurrirá a todas las acciones legales para defender sus derechos”, agrega el comunicado. Según reportes de prensa venezolanos, el embargo fue debido a una demanda presentada hace años contra la automotriz en la ciudad de Maracaibo.
La acción por parte del gobierno se da entre protestas callejeras violentas en contra del presidente Nicolás Maduro, así como en el contexto de una crisis económica impulsada por la creciente deuda externa y la caída en los precios del petróleo, la principal fuente de ingresos de Venezuela.
En ese contexto de inestabilidad política, problemas monetarios y un colapso económico que ha contribuido a las protestas, la industria automotriz se ha detenido casi por completo.
El año pasado las empresas vendieron solo 3200 vehículos nuevos, en comparación con los más de 17.000 en 2015, y las fábricas han estado cerradas durante meses por la falta de demanda.
El gobierno venezolano ha expropiado más de 1400 negocios privados desde 1998, incluidas constructoras y compañías de electricidad y finanzas, según el Departamento de Estado estadounidense.
El expresidente Hugo Chávez usaba las expropiaciones contra empresas que no cooperaban con sus políticas; por ejemplo: en 2007 expropió los bienes de Exxon Mobil después de que esta rechazó negociar contratos.
Sin embargo, Maduro se ha concentrado más en intimidar a empresa locales, como la toma de los almacenes de juguetes de la compañía caraqueña Kreisel en diciembre de 2016; los juguetes después fueron repartidos antes de Navidad frente a las cámaras de la televisora estatal.
La situación ha forzado a muchas compañías extranjeras a debatir si quedarse en el país. Hacerlo implica pérdidas continuas; salir conlleva el riesgo de invertir de nuevo si las políticas del gobierno llegan a ser más favorables y quieren regresar.
Una tercera opción es la desconsolidación. Según la ley estadounidense, una empresa puede asignar un valor de mercado a los bienes de una subsidiaria y presentarla después como una inversión, en vez de una operación separada. Eso permitiría a las multinacionales hacer un pago único, pero quedarse en Venezuela.
Varias empresas ya lo han hecho, incluida Goodyear, que aceptó un cargo de 646 millones de dólares el año pasado. Bridgestone y Pirelli analizan hacer lo mismo.
Pepsi asumió una pérdida de 1,4 mil millones por sus operaciones en Venezuela durante 2015 y Procter & Gamble pagó 2,1 mil millones el mismo año.
