Panamá, 21 may (PL) El conflicto por el desalojo forzoso de una comunidad ilegal panameña, que causó una muerte, parece encaminarse a una solución pacífica ofrecida por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), informó hoy esta institución.
Mario Etchelecu, titular del Miviot, reiteró la intención del Estado de ayudar económicamente y otorgar una solución habitacional permanente a las familias implicadas, al hablar con líderes del asentamiento Vista al Mar, ubicado en Cerro Galera, al oeste de esta capital, en la antigua Zona del Canal devuelta por Estados Unidos.
Hay un documento redactado que incluye las preocupaciones de los pobladores y en el cual el Miviot se compromete a brindarles ayuda para una mejor calidad de vida, afirmó el titular, que puso como única condición el abandono voluntario del área declarada de riesgo por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).
Una nota de prensa de la institución señaló que personal del Ministerio de Desarrollo Social realizó un censo de 168 familias que viven en el lugar, a las que entregarán ayuda económica para el alquiler en otro lugar, mientras se evalúa la solución definitiva.
El titular informó a los representantes comunitarios que personal del Miviot colaborará con las familias para el traslado de sus enseres y de esa forma desocupar el asentamiento, del cual Sinaproc asegura que está enclavado en un cerro con peligro de deslave bajo intensas lluvias.
Este cambio de estrategia del llamado 'Operativo Humanitario', de priorizar el diálogo sobre el desalojo forzoso, podría tener efectos positivos sobre esos pobladores, quienes rechazaron desde el inicio cualquier promesa, por considerarla falsa, con el objetivo de sacarlos del lugar, donde viven hace una década.
Las tensiones entre esas comunidades ilegales y el gobierno se incrementaron la semana anterior, tras el fallecimiento de una mujer aplastada durante la demolición de una casa, en el desalojo forzado para 'proteger vidas', según las autoridades.
Mientras, la denuncia de la Defensoría del Pueblo por el uso excesivo de la fuerza durante el desalojo puso en evidencia la versión oficial, y Maykol Harking, oficial de derechos humanos de la institución, dijo que comprobó que los lugareños no hicieron actos de agresión por la demolición, publicó el diario La Prensa.
En cambio, observaron a mil agentes policiales y 300 miembros del Sinaproc, señaló la fuente, que resaltó la aspiración de los residentes a un terreno digno donde levantar sus hogares.
Por su parte, Ivón Checa, directora de orientación ciudadana de la Defensoría, dijo que seguirán evaluando de cerca la situación y así levantar un informe, a través del cual puedan dictar sanciones morales a las instituciones, informó el rotativo.
rc/orm
Hay un documento redactado que incluye las preocupaciones de los pobladores y en el cual el Miviot se compromete a brindarles ayuda para una mejor calidad de vida, afirmó el titular, que puso como única condición el abandono voluntario del área declarada de riesgo por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).
Una nota de prensa de la institución señaló que personal del Ministerio de Desarrollo Social realizó un censo de 168 familias que viven en el lugar, a las que entregarán ayuda económica para el alquiler en otro lugar, mientras se evalúa la solución definitiva.
El titular informó a los representantes comunitarios que personal del Miviot colaborará con las familias para el traslado de sus enseres y de esa forma desocupar el asentamiento, del cual Sinaproc asegura que está enclavado en un cerro con peligro de deslave bajo intensas lluvias.
Este cambio de estrategia del llamado 'Operativo Humanitario', de priorizar el diálogo sobre el desalojo forzoso, podría tener efectos positivos sobre esos pobladores, quienes rechazaron desde el inicio cualquier promesa, por considerarla falsa, con el objetivo de sacarlos del lugar, donde viven hace una década.
Las tensiones entre esas comunidades ilegales y el gobierno se incrementaron la semana anterior, tras el fallecimiento de una mujer aplastada durante la demolición de una casa, en el desalojo forzado para 'proteger vidas', según las autoridades.
Mientras, la denuncia de la Defensoría del Pueblo por el uso excesivo de la fuerza durante el desalojo puso en evidencia la versión oficial, y Maykol Harking, oficial de derechos humanos de la institución, dijo que comprobó que los lugareños no hicieron actos de agresión por la demolición, publicó el diario La Prensa.
En cambio, observaron a mil agentes policiales y 300 miembros del Sinaproc, señaló la fuente, que resaltó la aspiración de los residentes a un terreno digno donde levantar sus hogares.
Por su parte, Ivón Checa, directora de orientación ciudadana de la Defensoría, dijo que seguirán evaluando de cerca la situación y así levantar un informe, a través del cual puedan dictar sanciones morales a las instituciones, informó el rotativo.
rc/orm
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(Tomado de Prensa Latina)