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| Golden Cosmos |
El secretario de Seguridad Nacional estadounidense, John Kelly, emitió un par de memorandos insólitos el 20 de febrero. Son un plan de batalla para la “fuerza de deportación” que el presidente Trump prometió crear durante su campaña.
La razón por la que memorandos son insólitos es porque dan marcha atrás y descomponen políticas migratorias sensatas, y por cómo pretenden volver a la maquinaria de deportaciones más extrema y espeluznante, sin mencionar cara, para el detrimento de valores estadounidenses.
Una recapitulación rápida: el gobierno de Obama reconoció que millones de migrantes no autorizados, especialmente aquellos con hijos ciudadanos y vínculos fuertes con sus comunidades y con el país, merecían tener la oportunidad de quedarse y de regularizar su situación. Sus políticas se concentraban en deportar a criminales peligrosos, que fueran amenazas a la seguridad nacional y a quienes recién hubieran cruzado la frontera de manera ilegal.
El secretario Kelly se deshizo por completo de esas provisiones. Convierte en prioridad para la deportación a prácticamente cualquier persona que pueda ser deportada. Quiere a todos, empezando con quienes hayan sido condenados por algún crimen, sin importar cuán pequeño haya sido o qué tan antiguo. La proporcionalidad, la discreción procesal, la idea de que algunas condenas son injustas, los principios detrás de un impulso a las reformas judiciales… todos esos conceptos ya no aplican.
Los blancos de deportación ni siquiera tienen que ser criminales. Pueden haber sido sencillamente acusados de algún crimen –es decir, mantener la presunción de inocencia– o haber hecho algo que lleve a un agente migratorio a creer que esa persona pueda posiblemente enfrentar algún cargo.
Kelly incluyó una provisión amplia para que agentes de la Patrulla Fronteriza o del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), e incluso policías locales o ayudantes de alguaciles, puedan detener a quien crean pueda ser “un riesgo a la seguridad pública o nacional”. Esa es una receta para que se den abusos policiales y discriminación racial, una posibilidad aún mayor si el congreso autoriza la solicitud de Kelly de fondos para contratar otros 10.000 oficiales del ICE y 5000 agentes de la Patrulla Fronteriza.
Quiere, en sus palabras, una “explosión” en la contratación de jueces migratorios y funcionarios que revisen casos de asilo. Quiere más centros de procesamiento y de detención, lo que probablemente ha hecho salivar a la industria de prisiones privadas por las ganancias que se acercan.
Kelly también quiere reforzar programas que permitan a oficiales de la policía locales y estatales actuar como encargados de hacer cumplir las leyes migratorias. Los llama “un multiplicador de fuerzas altamente exitoso”, lo que es cierto si lo que quieres es una red de arrastre policial. Cuando cualquier encuentro con un policía local se puede convertir en el preludio de la deportación, los migrantes no autorizados temerán y evitarán a cualquier oficial. Y cuando los agentes locales y estatales sin entrenamiento en materia migratoria de repente pueden decidir quién se queda y quién se va, el riesgo de cometer injusticias es profundo.
Al igual que los peligros para el debido proceso. El procedimiento actual permite que haya deportaciones inmediatas, sin audiencias judiciales, para migrantes atrapados cerca de la frontera o que ingresaron de manera reciente. Pero Kelly hace notar que la ley le permite acelerar la expulsión de migrantes detenidos en cualquier parte del país que no puedan demostrar que han estado ahí “continuamente” por al menos dos años. El secretario se queda así con la posibilidad de saltarse el debido proceso con una política de “enséñame tus papeles” vigente de costa a costa.
Planea publicar datos de crímenes cometidos por migrantes no autorizados e identificar a las jurisdicciones locales y estatales que no cooperen con las fuerzas migratorias federales. ¿Por qué? Para promover la idea falsa, como lo ha hecho Trump de manera vergonzosa, de que los migrantes son un riesgo particular para la seguridad y para castigar a las llamadas ciudades santuario que, por razones de decencia y de mantener el orden público, quieren desconectarse del ICE.
Así es como se han vuelto armas los despotriques de Trump sobre bad hombres y terroristas extranjeros violadores: con burocracia.
Kelly prometió antes de ser confirmado al cargo que sería responsable del cumplimiento de políticas que fueran defendibles. Pero los migrantes tienen razón en estar asustados por su posicionamiento repentino junto con el nativismo de Trump. También tienen razón en estar asustados los estadounidenses que creen que el país está, o debería estarlo, comprometido a la ejecución sensata y proporcional de las leyes, y que debe ser acogedor para los migrantes y respetuoso de los hechos.
DEPORTACIONES, DONALD TRUMP, INMIGRACIÓN, JOHN KELLY, MIGRACIÓND
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