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| René Alvarez con sus hijas Sabina, de 12, Ximena, de 14, y Yetla, de 17. Fue deportado desde Estados Unidos en 2016 y, en vez de buscar regresar allá, decidió traer a toda su familia a México.Brett Gundlock para The New York Times |
CIUDAD DE MÉXICO — El presidente de México se apresuró a ir al aeropuerto a saludar a los deportados que llenaban todo un avión. El secretario de Educación corrió a la frontera con Texas para encontrarse con mexicanos expulsados de Estados Unidos. La secretaria del Trabajo de Ciudad de México está solicitando a las empresas contratar a inmigrantes que regresaron a casa de forma abrupta.
“A diferencia de lo que está pasando en Estados Unidos, esta es su casa”, dijo la secretaria capitalina del Trabajo, Amalia García, a los deportados que se encontraban entre la audiencia de un reciente evento del programa de empleos en la ciudad.
Durante años, cuando el gobierno de Obama mandaba a miles de mexicanos de regreso cada semana —más de dos millones en total—, las instituciones mexicanas apenas reaccionaron. Prácticamente invisibles, los deportados tenían que lidiar solos con la división familiar, prospectos laborales inciertos y la pobreza que los había empujado a ir al norte.
Ahora, los políticos mexicanos les dan la bienvenida con entusiasmo y los presentan como la encarnación de la hostilidad del presidente estadounidense hacia el país y su pueblo, a pesar de que se redujo la cantidad de deportados mexicanos desde que Trump llegó a la Casa Blanca.
“Tenemos algo que agradecerle al presidente Trump, que es el despertar repentino a esta realidad que de alguna manera estábamos ignorando”, afirmó Cecilia Soto, una legisladora que hace poco se reunió con migrantes en Chicago y Los Ángeles. “Había mucha palabrería con los inmigrantes” en el pasado, añadió, pero ahora “creo que tenemos un sector de la sociedad que realmente está conmovido por esta realidad y está tratando de hacer cosas”.
Sin embargo, para algunos la repentina preocupación por los migrantes parece oportunismo político para sacar ventaja de la extendida furia pública en contra de Trump antes de las elecciones en México del próximo año.
“Es promocional; en realidad es algo interesado”, dijo Nancy Landa, de 36 años, quien fue detenida por agentes migratorios de Los Ángeles una mañana de 2009 y, después de haber vivido durante 20 años en Estados Unidos, fue depositada en Tijuana antes de que cayera la noche, con solo un celular y 20 dólares en mano.
“Vienen las elecciones de 2018 y, si la migración sigue siendo un tema, van a usar a los migrantes como bandera política”, agregó.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense indica que la cantidad de ciudadanos mexicanos deportados cayó en los primeros meses de 2017 por casi veinte por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado. Las cifras compiladas por el gobierno de México también muestran una disminución en la cantidad de repatriados de enero y febrero, con menos deportaciones que las registradas en cualquier momento de 2016.
Aun así, el gobierno de Trump ha provocado un sentimiento nacionalista en México al unir al país a lo largo del espectro político y económico en enojo hacia las posturas en migración, comercio y seguridad fronteriza del presidente.
Carlos Bravo, historiador del Centro para la Investigación y Docencias Económicas (CIDE) en Ciudad de México, dijo que los políticos mexicanos quieren responder a –y aprovecharse de– ese enojo popular. Reunirse en apoyo a los mexicanos expulsados de Estados Unidos es una manera fácil de ganar puntos en casa y conlleva poco riesgo político.
La causa de los deportados, mencionó, “tiene muy pocos costos. Es una causa noble” en los ojos de la mayoría.
Incluso los negocios, que desde hace mucho se abstenían de contratar a deportados porque temían que fueran delincuentes, están cambiando su actitud.
A la par de una mayor atención ha llegado ayuda tangible, como fondos adicionales asignados a los consulados de México en Estados Unidos para brindar asistencia legal. Ciudad de México y otros estados están dando la bienvenida a los deportados facilitando su participación en programas como seguros de salud y desempleo, así como préstamos para abrir un negocio. En el estado occidental de Jalisco, el gobierno local ha establecido servicios para reducir los trámites burocráticos, certificar las competencias y alentar a las empresas a contratar migrantes.
Además, los legisladores del congreso presionaron para establecer una medida que simplifique la inscripción en las escuelas de los niños nacidos en Estados Unidos.
Al firmar este decreto el mes pasado, el presidente Enrique Peña Nieto dijo de los migrantes: “Como sociedad y como país tenemos el deber ético y moral de recibirlos con los brazos abiertos; de tratarlos con afecto, respeto y dignidad”.
México todavía se prepara para una oleada de deportados. El gobierno de Trump ha adoptado un estándar mucho más estricto para el cumplimiento de las leyes migratorias, aumentando ampliamente la cantidad de migrantes considerados prioritarios para la deportación y prometiendo contratar a 10.000 agentes más de aduanas y migración.
Los arrestos de alto perfil, incluyendo los de padres esposados en frente de sus hijos, han provocado terror en las comunidades de migrantes, y los medios mexicanos han seguido de cerca cada uno de estos casos. Después de que Guadalupe García de Rayos fue deportada desde Phoenix en febrero, se convirtió en una pequeña celebridad en su estado natal, Guanajuato, donde el gobernador le entregó personalmente sus nuevos documentos de identidad mexicana.
Muchos migrantes deportados caen en un vacío al regresar, pues carecen de conexiones, antecedentes laborales, hogar y documentos. A menudo enfrentan el estigma social. Un programa del gobierno federal, llamado “Somos mexicanos”, ofrece vincular a los deportados con servicios públicos y bolsas de trabajo, pero los activistas afirman que su alcance es limitado.
“La sociedad mexicana tiene que comenzar a examinar el hecho de que son del mismo país”, señaló Claudia Masferrer, una experta en migración del Colegio de México. “México carece de una política de reinserción”.
René Álvarez, quien regresó a México definitivamente el año pasado después de dos décadas en Estados Unidos, está empezando otra vez con una camioneta, un taller y nuevas herramientas que compró con un préstamo de casi 2600 dólares del gobierno de Ciudad de México. “Si pudimos lograrlo allá, podemos lograrlo aquí”, dijo Álvarez durante el evento de empleos en Ciudad de México.
El hombre de 46 años había establecido una empresa de construcción, había comprado una casa y había criado a cuatro hijas en el estado de Georgia. Desde que lo detuvieron y lo deportaron —acusado de manejar en estado de ebriedad— perdió todo. “Me destruyeron”, dijo.
Su pueblo natal rural está invadido por pandillas de narcotraficantes, dijo; él, su esposa y sus tres hijas menores, todas nacidas en Estados Unidos, están viviendo con los padres de ella en las afueras al sur de Ciudad de México.
“El gobierno se ha portado bien con los migrantes”, comentó. “Contribuimos con la economía de ambos países. No somos malas personas, como dice Donald Trump”.
