 |
| La gente espera a ser atendida en el consulado mexicano en Nueva York. Todd Heisler/The New York Times |
LOS ÁNGELES – Primero, fueron las llamadas de personas ansiosas, inmediatamente tras la elección de Trump. Después, la gente comenzó a formarse desde la madrugada y a atiborrar la sala de espera del consulado de México en esta ciudad.
Eran mexicanos que venían a renovar pasaportes que no habían usado en más de una década. Desesperados, interrogaban a los abogados sobre qué podían hacer que pudiera ayudar a sus posibilidades de quedarse. Tramitaban la ciudadanía mexicana para sus hijos, en caso de que fueran deportados y la familia entera tuviera que reubicarse.
Cuando el consulado empezó a recibir reportes de que decenas de mexicanos estaban siendo arrestados por agentes migratorios la semana pasada, inmediatamente despacharon a abogados a los centros de detención federales en el centro de Los Ángeles. Los funcionarios consulares revisaban religiosamente las redes sociales para, en la misma medida, intentar conseguir información y desmentir rumores infundados. En un caso, ayudaron a un hombre a quien los agentes migratorios habían mandado a la frontera para su deportación a que regresara a Los Ángeles para una audiencia frente a una corte.
Son momentos muy demandantes para los 50 consulados mexicanos en todo Estados Unidos. Con la promesa de Trump de adoptar una mano dura contra los migrantes que viven de manera ilegal en Estados Unidos y una orden ejecutiva que expandió la definición de personas consideradas prioridad para la deportación, los mexicanos que viven en el país como indocumentados están cada vez más en vilo.
Y los consulados se están movilizando para ayudar. Como representantes del gobierno mexicano, pueden proveer apoyo en cuestiones legales y recursos a las personas y familias que lidian con asuntos migratorios. Alrededor de la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos son de origen mexicano.
Mientras tanto, la relación entre México y Estados Unidos está en su peor punto en años. Después de la deportación en Arizona de Guadalupe García de Rayos, de 35 años y madre de dos ciudadanos estadounidenses, el gobierno mexicano advirtió a sus connacionales de una “nueva realidad”. Urgió a la “comunidad mexicana entera a tomar precauciones” y estar en contacto con el consulado más cercano.
Los funcionarios mexicanos dicen que intentan que las familias que ya viven en Estados Unidos puedan mantenerse unidas. También hay preocupaciones económicas de por medio: los mexicanos que viven en el extranjero envían más de 25 millones de dólares en remesas a su país de origen y la mayoría de ese dinero viene de Estados Unidos, de acuerdo con el Banco Central de México.
Quizá nadie está tan ocupado actualmente como Carlos García de Alba, el cónsul general en Los Ángeles, una de las oficinas diplomáticas más grandes del país. Ha empezado a capacitar a todos sus empleados en servicios legales básicos y espera contratar a muchos más abogados migratorios. Aun así, en los últimos meses, García no sabe bien cómo balancear el proveer más servicios a connacionales preocupados y el intentar calmarlos.
“No queremos provocar ni sentir una paranoia”, dijo García en una entrevista. “Hay una suerte de psicosis, la gente está muy asustada. Hasta ahora no hemos tenido nada realmente distinto a lo que vivimos durante los últimos años, pero el ambiente ha hecho que la gente sienta pánico y esté realmente asustada. Quieren saber qué va a pasar y cómo protegerse”.
El gobierno mexicano estableció una línea telefónica de 24 horas para ayudar a contestar cualquier pregunta que tengan los mexicanos en Estados Unidos. En enero, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que destinaría 50 millones de dólares para costear abogados en cada consulado que ayuden a las personas que enfrentan órdenes de deportación. Los consulados también han empezado a distribuir volantes con información sobre qué hacer si alguien es abordado por agentes migratorios, con consejos como no abrir la puerta si no hay una orden judicial o no hablar con los agentes sin la presencia de un abogado.
Los funcionarios del servicio exterior mexicano que han estado durante décadas en Estados Unidos dijeron en entrevistas que han detectado una mayor ansiedad entre los migrantes indocumentados y que este es el ambiente más hostil hacia los mexicanos que podían recordar, lo que aumenta tanto la urgencia como la dificultad de hacer sus trabajos.
Atemorizados por la retórica y los rumores, algunos consulados han oído de migrantes que toman medidas drásticas para evitar a las autoridades, como dejar de llevar a sus hijos a la escuela, renunciar a sus trabajos o vender sus hogares a cambio de efectivo.
Por otro lado, para muchos migrantes acudir ante el gobierno mexicano para pedir ayuda no está entre sus primeras opciones.
“Hay un sentimiento inherente de vulnerabilidad si eres indocumentado en este país, y esa vulnerabilidad te lleva a alejarte de cualquier cosa que tenga que ver con el gobierno”, dijo Carlos González Gutiérrez, el cónsul general en Austin. Estima que la mitad de los 200.000 migrantes viviendo en esa región de Texas son indocumentados. “El primer reto para nosotros es asegurarnos de que los migrantes entiendan que el consulado es un lugar seguro donde pueden recibir información verídica”.
Como otros cónsules, González ha intentado disminuir los miedos con visitas frecuentes a estaciones de radio y televisión en español para ofrecer información que funcionarios estadounidenses no estarían dispuestos a compartir. Ha sido cuidadoso en enfatizar que las operaciones de detención y deportación hasta ahora se han enfocado en ciertas personas en vez de redadas masivas como las que muchas personas temen. Pero también destacó que varias personas sin antecedentes penales han sido detenidas.
Por ahora, la mayoría de los consulados están a la defensiva. En varios casos de la semana pasada los agentes migratorios estuvieron “indispuestos para proveer a nuestros connacionales con la opción de hablar con el consulado y cumplir con la obligación de notificarnos”, dijo un funcionario mexicano que pidió mantener el anonimato porque la situación está bajo investigación. Bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, un tratado internacional de 1963, a cualquier ciudadano de otro país se le debe ofrecer ponerse en contacto con su consulado en caso de ser detenido.
Felipe Carrera supervisa el departamento de protección en el consulado de Los Ángeles, donde decenas de abogados ayudan en casos migratorios. Durante años, la oficina ha enviado a abogados al centro federal migratorio para revisar quiénes están detenidos y para hablar con hasta 15 personas al día. Apenas minutos después de que Carrera escuchó rumores de varios arrestos la semana pasada, desplegó a varios abogados para que hablaran con la mayor cantidad de mexicanos posible.
“Nuestro propósito principal es encontrar si ha habido violaciones al debido proceso”, dijo Carrera. “La gente necesita saber que tiene derechos constitucionales. Queremos que sepan sobre la Quinta Enmienda y que sean asesorados de la manera apropiada sobre qué pasa si se llegan a declarar culpables”.
Claudia Franco, la cónsul general de Phoenix, dijo que ahora pasa la mayoría de sus días dando apoyo psicológico a los migrantes, así como respondiendo preguntas básicas y escuchando atentamente a sus temores. “Queremos que la gente considere los peores escenarios para que esté preparada y tenga un plan”, dijo. La línea telefónica de 24 horas, basada en Tucson, recibió más de 1500 llamadas la semana del 13 de febrero, más del doble del promedio de llamadas que recibía antes de la toma de posesión de Trump.
Los consulados en todo el país dijeron que los pedidos de asistencia legal también se han disparado durante los últimos dos meses; algunos vienen de personas que recibieron órdenes de deportación desde hace años que nunca fueron ejecutadas. Otros tienen condenas penales por haber usado identificaciones apócrifas y otros son elegibles para visas especiales por ser víctimas de abuso doméstico y de otros crímenes.
“La mayoría de la gente no entiende cuáles son sus opciones legales”, dijo Javier Díaz de León, el cónsul general en Atlanta. “Hay una buena cantidad de personas que no tiene realmente un recurso legal, pero es preferible que lo sepan antes de ser detenidos para poder tomar la decisión más sabia”.
Ante la posibilidad de que la gente sea deportada, también hay muchos que han recurrido a tramitar la ciudadanía mexicana para hijos nacidos en Estados Unidos. La oficina de Díaz de León recibía alrededor de quince solicitudes diarias para tramitar la doble nacionalidad, cifra que ha aumentado al doble desde la elección presidencial.
“Quiero hacer algo, lo que sea para sentirme más segura y menos atemorizada”, dijo Mónica Sánchez, de 26 años y quien llegó hace una década a Los Ángeles desde Morelia. “Todos queremos ayuda para controlar lo que podamos, tener algo de poder”.