The New York Times | La sentencia en un caso de abuso sexual causa alarma y furor en México | Por MARINA FRANCO 30 marzo 2017


Mexicanas participan en una marcha por el Día Internacional de la Mujer. Según cálculos oficiales, cada año hay hasta 600.000 delitos sexuales y solo el ocho por ciento son reportados. CreditEduardo Verdugo/Associated Press

CIUDAD DE MÉXICO — Una noche de enero del 2015, cuando Daphne Fernández tenía 17 años e iba saliendo de un club nocturno con sus amigos, fue subida a la fuerza al asiento trasero de un automóvil donde le quitaron su celular. En el vehículo iban cuatro jóvenes —dos adelante y dos flanqueándola atrás—, hijos de empresarios y políticos del estado de Veracruz, al este de México. Según relató Fernández en su denuncia ante las autoridades, los jóvenes la toquetearon repetidamente, uno la penetró con los dedos y todos se burlaron de ella. Daphne Fernández denunció que después la llevaron a la casa del que conducía el automóvil, donde este la habría violado en un baño.
A principios de 2016, enfurecido por la falta de acción judicial tras la denuncia presentada en mayo de 2015, el padre de Daphne comenzó a divulgar videos en que los cuatro jóvenes se disculpaban por los actos cometidos contra su hija. La rabia y las críticas en redes sociales no se hicieron esperar pero, aun así, tres de los jóvenes denunciados (apodados los Porkys por los medios mexicanos) pudieron huir del país o esconderse antes de que las autoridades emitieran órdenes de búsqueda y de detención, más de un año después del hecho.
Uno de ellos sigue prófugo, mientras que otros dos, Diego Cruz y Enrique Capitaine —hijo de un exalcalde de Veracruz y quien manejaba el auto—, fueron detenidos y puestos en prisión preventiva, acusados de pederastia. El caso parecía progresar.
Hasta que esta semana, el juez federal mexicano Anuar González sentenció que el acta bajo la cual fue encarcelado Cruz es inconstitucional. El fallo de González reconoce que hubo tocamientos a Daphne, pero establece que los cometidos por Cruz en particular no fueron hechos con “actitud lasciva” y, por ende, “no se encuentra demostrado fehacientemente el ‘abuso sexual’”.
La sentencia del juez, que todavía debe ser ratificada por un tribunal colegiado, provocó revuelo de manera inmediata.
“Durante esos 22 o 30 segundos en los que se cometen presuntamente los hechos, en un vehículo encerrada con cuatro hombres, con dos o tres de ellos tocándole los genitales y los senos, alzándole la falda y moviéndole la ropa interior”, Ana Pamela Romero, jurista del Instituto Nacional de Ciencias Penales mexicano, se preguntó: “¿Cómo puede separar el manoseo de los tocamientos de violencia sexual que el mismo juez considera comprobados? ¿El tercer o cuarto manoseo cómo se distingue?”.
El magistrado González también indicó que, para comprobar bajo el código penal veracruzano que hubo abuso, debía constar la indefensión de Daphne y no había pruebas suficientes dado que la joven, tras ser toqueteada en el asiento trasero por dos hombres que le bloqueaban el acceso a las puertas, “tuvo la posibilidad de cambiarse de lugar” al asiento de copiloto a instancias del conductor, Capitaine.
“Son cuatro hombres mayores —en edad, tamaño, corpulencia— y le quitan el celular. No tiene posibilidad de defenderse”, indicó Romero, antes de añadir que “no puede estar sujeta la comprobación de la violencia sexual al que la víctima demuestre que se defendió”.


“Este caso solo es una muestra de las muchas barreras y obstáculos que las mujeres enfrentan en el acceso a la justicia, especialmente en el ámbito de la violencia sexual”.
XIMENA ANDIÓN, DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LIDERAZGO SIMONE DE BEAUVOIR

Desde sus inicios, el caso de Daphne ha causado furor en México, empezando por el retraso de las autoridades en aprehender a los llamados Porkys. Pero la sentencia más reciente ha sido particularmente preocupante, según activistas, por las implicaciones de la interpretación que el magistrado hace de la definición de abuso sexual.
“Este caso solo es una muestra de las muchas barreras y obstáculos que las mujeres enfrentan en el acceso a la justicia, especialmente en el ámbito de la violencia sexual”, dijo en una entrevista Ximena Andión, directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, grupo dedicado al impulso de la justicia social y la igualdad de género que, entre otras cosas, administra un sitio web que aconseja a las mujeres qué hacer si son víctimas de una violación.
“Esta decisión no solo tiene incidencia” en el caso de Daphne, señaló Andión, “tiene una incidencia generalizada en los imaginarios culturales sobre la violencia”. Ahora, explicó, otras autoridades o ciudadanos podrían decir que “si no le dio placer, no es violencia, o que si solo fue penetración con los dedos, no es violencia”.
Eso es particularmente preocupante en un país en que la cifra negra de casos de violencia sexual alcanza 600.000, según un estimación oficial, y solo el ocho por ciento se denuncia.
El juez González fue suspendido temporalmente el miércoles por el Consejo de la Judicatura Federal para que tanto este fallo como otros suyos sean investigados. La situación ha desembocado en una suerte de vendetta en contra del magistrado, con amenazas hechas por medio de redes sociales en contra de su esposa e hijas, “reacciones virulentas y violentas que también se deben atender”, dijo Andión.
Los expertos destacan que la situación con Daphne al menos debería generar un debate sobre varios puntos: si los requisitos para que un hecho se acredite como abuso sexual son realistas; si los jueces y otros servidores públicos toman en cuenta perspectivas de género y tienen capacitación suficiente para deliberaciones afines, y sobre la necesidad de contar con respuestas más apropiadas y medidas preventivas para los miles de casos de abuso que se denuncian y aquellos que no.
“¿Qué mejor momento para revisar estas sentencias y asegurarse que haya mayor rendición de cuentas dentro del poder judicial?”, sostuvo Romero, en referencia a la visibilidad que ha adquirido este caso.
Para Andión, también es fundamental que haya mayores discusiones sobre la prevención de delitos como violación y feminicidio, a partir de lo que calificó como una “epidemia de violencia de género” que está viviendo México.
“Hay indignación, pero necesitamos transformarla en exigencias”.

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