Promesas por cumplir y una agenda de derechos humanos que sigue intentando avanzar. Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos, que recuerda a las víctimas de las dictaduras militares que dejaron su huella oscura en las hojas de la historia latinoamericana y de Chile.
La fecha fue instaurada en 2011 con las gestiones de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam) y que fue respaldada por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Chile, Brasil, Uruguay, Argentina y Bolivia fueron parte de ese período marcado por la fuerza de las armas sobre su gente.
Uno de los puntos que más se resiente entre las agrupaciones de derechos humanos es sobre el futuro del penal Punta Peuco. Su cierre habría sido comprometido por la Presidenta Michelle Bachelet a la sobreviviente del caso quemados, Carmen Gloria Quintana, en 2015. Sin embargo, su concreción ha sido esquiva.
Mientras que en Chile Vamos reclaman las condiciones de los reclusos de avanzada edad en el penal, organismos de DD.HH recuerdan que el recinto tiene mejores condiciones que las cárceles públicas.
“CONDICIONES HUMANAS”
El diputado y presidente de la comisión de Derechos Humanos Sergio Ojeda (DC), destacó la promesa del Ejecutivo para el cierre del penal, pero hizo hincapié en que las condiciones en que se haga el traslado de internos.
“Si van a llevar a los detenidos de Punta Peuco a otra cárcel, tiene que ser en condiciones humanas. Con un tratamiento acorde con la dignidad humana, a pesar de los delitos que hayan cometido, pero no podemos incurrir en lo mismo que ellos. Yo apoyaré lo que diga la Presidenta de la República”, dijo Ojeda a La Nación.
“Siempre será un símbolo de las atrocidades de la dictadura y de la poca colaboración del Ejército para encontrar a los desaparecidos y creo que la deuda se mantiene en el tiempo. Las familias siempre van a recordar a sus deudos. Esta fecha conmemorativa debe recordarse como corresponde, pacíficamente”, agregó el parlamentario.
DEUDAS PENDIENTES
Para el abogado especialista en derechos humanos Nelson Caucoto, todavía queda mucho que avanzar en la materia, pero remarca que Punta Peuco es uno de los hitos de los compromisos del gobierno y que “no se entiende” que aún siga en funcionamiento.
“Estamos esperando el anuncio de la presidenta. Hemos visto que ya están las instalaciones en Colina, o sea, está todo para que esto ocurra luego, pero no se hace. No se entiende, pero están buscando que la fecha no sea cercana al 11 de septiembre, buscan el mejor escenario, pero esperemos que pase lo que tiene que ocurrir simplemente”.
Uno de los últimos reclusos en el penal es el general (r) del Ejército Héctor Orozco Sepúlveda, por violaciones a los DD.HH, quien se convirtió en el interno de mayor edad con 92 años, a pesar de que su familia asegura que ya no tiene conciencia de sí y que no entiende que está detenido.
“Según la declaración del mismo juez de la causa, no hay antecedente médico que diga que él está incapacitado de cumplir la condena, de modo que lo único que tiene es un informe de que está lúcido (…) si tuviera Alzheimer es inocuo que cumpla una condena si no sabe dónde está parado ni que pasa”, dice Caucoto a La Naciónsobre el caso.
Finalmente, el abogado también aborda los puntos pendientes del Estado sobre derechos humanos, como los 50 años de secreto sobre el Informe Valech y la adecuación de la legislación interna a la internacional.
El abogado explicó que fue hace poco tiempo en que se conoció que era Gendarmería la que otorgaba salidas diarias o mensuales a los internos, lo que no tiene relación con lo aplicado en normas internacionales.
(Tomado de LA NACIÓN Chile)