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| Una protesta en junio afuera de un tribunal federal en San Antonio contra la medida que prohíbe las ciudades santuario en Texas Eric Gay/Associated Press |
HOUSTON – Un juez federal en San Antonio bloqueó este miércoles, temporalmente, una prohibición texana a las llamadas ciudades santuario al cuestionar la constitucionalidad de una ley que ha enfrentado al gobierno estatal republicano con las autoridades de varias urbes demócratas.
El fallo es temporal, pues solo previene que la medida entre en vigor el viernes 1 de septiembre en lo que se resuelve una demanda en contra, y Texas ya anunció que apelará. Sin embargo, la decisión es un golpe jurídico a una de las leyes migratorias más duras emitidas por un estado en Estados Unidos al frenar una medida que es respaldada por el gobierno de Donald Trump y que había sido criticada como antilatinos.
La ley, SB4 (por Senate Bill 4), prohíbe que las ciudades y condados adopten políticas que limiten la aplicación de la ley migratoria, además de que permite a los policías locales cuestionar a cualquier persona que detengan sobre su estatus migratorio; asimismo, la medida amenaza a los oficiales que no sigan las previsiones de la ley con multas, tiempo en prisión o su remoción.Varias de las principales ciudades texanas, como Houston, Austin, San Antonio y Dallas, son parte de la demanda contra la SB4, que fue avalada por la legislatura estatal republicana y sancionada por el gobernador Greg Abbott.
También insta a los funcionarios locales a que cooperen con las solicitudes de retención migratoria, que permite que cualquier persona extranjera que se encuentre detenida por algún delito menor o grave sea transferida a las autoridades federales, incluso cuando ya no estén bajo custodia estatal o local.
Varias de las principales ciudades texanas, como Houston, Austin, San Antonio y Dallas, son parte de la demanda contra la SB4, que fue avalada por la legislatura estatal republicana y sancionada por el gobernador Greg Abbott.
La ley, SB4 (por Senate Bill 4), prohíbe que las ciudades y condados adopten políticas que limiten la aplicación de la ley migratoria, además de que permite a los policías locales cuestionar a cualquier persona que detengan sobre su estatus migratorio; asimismo, la medida amenaza a los oficiales que no sigan las previsiones de la ley con multas, tiempo en prisión o su remoción.Varias de las principales ciudades texanas, como Houston, Austin, San Antonio y Dallas, son parte de la demanda contra la SB4, que fue avalada por la legislatura estatal republicana y sancionada por el gobernador Greg Abbott.
También insta a los funcionarios locales a que cooperen con las solicitudes de retención migratoria, que permite que cualquier persona extranjera que se encuentre detenida por algún delito menor o grave sea transferida a las autoridades federales, incluso cuando ya no estén bajo custodia estatal o local.
Varias de las principales ciudades texanas, como Houston, Austin, San Antonio y Dallas, son parte de la demanda contra la SB4, que fue avalada por la legislatura estatal republicana y sancionada por el gobernador Greg Abbott.
Los críticos de la SB4, que incluyen a los alguaciles de algunas de estas ciudades, dicen que la ley permitiría que haya discriminación o se detenga a personas si parecen ser hispanos, además de que los migrantes indocumentados y legales no querrán reportar los delitos a la policía.
Grupos activistas y de defensores de latinos han apodado a la medida “Muéstrame tus papeles” y denuncian que es similar a la SB1070 de Arizona que resultó en demandas legales y boicots en 2010.
Los partidarios de la SB4 afirman que los opositores han distorsionado la intención e impacto de la medida. Recalcan que la ley incluye una provisión que prohíbe que haya discriminación a partir del fenotipo de la persona y que un fallo de la Corte Suprema estadounidense en 2012 señaló que la ley de Arizona tenía fundamentos legales. El Departamento de Justicia del gobierno de Trump también ha defendido la ley texana ante la demanda.
En su fallo, emitido el miércoles por la noche, el juez Orlando García de la corte de distrito estadounidense del Distrito Occidente de Texas bloqueó tres de las provisiones de la ley. Entre ellas, una que indica que las entidades del gobierno local y los oficiales no pueden “adoptar, aplicar o avalar” cualquier política que limite la aplicación de las leyes migratorias.
Los abogados que representan a los demandantes dicen que prohibir a los policías locales que expresen algún punto de vista viola la Primera Enmienda.
“Puede que el gobierno esté en desacuerdo con ciertos puntos de vista, pero no pueden prohibirlos solo porque no son consistentes con lo que el gobierno quiere promover”, escribió el juez García. “Claramente, la SB4 tiene como blanco y busca castigar a quienes se pronuncien a partir de cómo ven la aplicación de la política local migratoria”.
