Dirigentes opositores son señalados de promover las sanciones anunciadas por Washington contra Caracas.
Venezolanos demuestran su apoyo al Gobierno del presidente Nicolás Maduro en Caracas (Venezuela), el 14 de
agosto de 2017. RONALDO SCHEMIDT / AFP
agosto de 2017. RONALDO SCHEMIDT / AFP
Autoridades de Venezuela investigan a diversos dirigentes opositores que podrían terminar siendo procesados por el delito de traición a la patria, previsto en la legislación del país.
En un mensaje televisado, el presidente Nicolás Maduro urgió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para que determinen las responsabilidades legales de aquellos digientes políticos que han promovido ataques o medidas coercitivas de diversa índole contra el país por parte de Estados Unidos, informó AVN.
Luego de condenar las sanciones económicas anunciadas por la administración Trump, el jefe de Estado venezolano aseguró que tales iniciativas fueron promovidas por ciudadanos venezolanos.
"Hay que ser bien traidor a la patria para pedir sanciones y una intervención militar contra su propio país, como lo hace la oposición venezolana (…) Aquí tiene que abrirse un juicio por traición a la patria para todos aquellos que tienen cédula venezolana y piden que se nos bombardee", dijo Maduro.
Este lunes, la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez Gómez, confirmó que el "menú de intervención" presentado por EE.UU. "ha sido solicitado expresamente por altos personeros de la dirigencia opositora del país".
.@DrodriguezVen Es una tragedia para nuestra Patria que factores políticos de oposición procuren una guerra
Cuando abordó el tema, Maduro se refirió expresamente al dirigente Julio Borges, militante del partido Primero Justicia y actual presidente del parlamento, como el principal promotor de las sanciones contra Venezuela.
Solicitantes de la intervención
Una vez conocidas las medidas unilaterales tomadas por Donald Trump, la agrupación de partidos opositores conocida como Mesa de la Unidad Democrática (MUD) emitió un comunicado en el que expresó su respaldo a las sanciones económicas, publicó El Universal.
"Sanciones de quien sea a vagabundos, violadores de derechos humanos y saqueadores de los recursos públicos, siempre contarán con nuestro apoyo", expone el texto opositor.
Esa opinión de los partidos antichavistas fue celebrada por medios de comunicación locales, según denuncia publicada por la cuenta Twitter pro gubernamental @Lechuguinos_com.
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Un delito
Las leyes venezolanas contemplan una serie de supuestos para procesar, enjuiciar y condenar a una persona acusada por traición a la patria.
El Código Penal de esa nación establece las sanciones correspondientes. La pena mínima es de 16 años de cárcel y la máxima de 30 años.
De forma explícita, el Capítulo I (artículos 128 al 143) aborda esa temática.
Según el artículo 132 del código, "cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación, será castigado con presidio de ocho a dieciséis años".
También contempla el artículo que "en la misma pena incurrirá el venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela, o pidiere su concurso para trastornar la paz de la República".
Tardanza
Dados los acontecimientos recientes, el destacado abogado e intelectual venezolano Luis Britto García considera "curioso", que la fiscalía no haya "investigado antes" a quienes han sido señalados de cometer traición a la patria.
Entrevistado por RT, recuerda que "la traición" es un delito que "consiste en la colaboración activa con un poder extranjero para dañar a las instituciones, y a la población del país".
En ese sentido, apunta el abogado, "existen muchos opositores que han colaborado con agencias externas y están a sueldo de ellas".
Según Luis Britto, "una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales", que adversan al gobierno constitucional, "reciben fondos de la 'National Endowment for Democracy' (NED, por sus siglas en inglés) y de otras agencias estadounidenses".
Por tal motivo, subraya, "a esos opositores se los puede catalogar como 'servidores' de agencias de un país, cuyos intereses son contrarios a los nuestros y que incluso nos ha declarado 'amenaza inusual y extraordinaria'. Eso quiere decir que si trabajan para EE.UU., son agentes a sueldo de una potencia hostil".
Para Luis Britto García "es admisible y necesario" que se averigüe "hasta qué punto estas personas que colaboran con países hostiles pueden ser considerados traidores".
Ernesto J. Navarro