Un grupo de cien víctimas de la dictadura cívico militar presentó dos recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago. Pretenden que la Presidenta Michelle Bachelet se pronuncie sobre el "silencio administrativo" del Estado, que nunca notificó de manera formal los motivos por los cuales quedaron sin reparación.
En nuestro país aún existen unas 26.600 personas que no han sido reconocidas como víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura. En la Comisión Valech I, que funcionó entre 2003 y 2004, fueron 3.800 aproximadamente las que no fueron consideradas, mientras que en la segunda instancia de Valech, que funcionó entre 2010 y 2011, quedaron marginadas cerca de 22.700 personas.
Desde entonces existen distintas iniciativas que buscan dar solución a las víctimas, pero es una tarea compleja. Debido al secreto de 50 años que pesa sobre los antecedentes recopilados por las comisiones, no se conocen detalles de los calificados ni por qué muchos quedaron fuera de la reparación.
En este contexto, cien ex presos políticos de distintos puntos del país se unieron para presentar dos recursos de protección en contra del Gobierno, apuntando específicamente a la Presidenta Michelle Bachelet, con el objetivo de que se reivindique a quienes se han visto afectados por la decisión de las comisiones.
La iniciativa se fundamenta en el término legal “silencio administrativo positivo”. En este caso, al no recibir una notificación explícita con los motivos por los cuales no fueron consideradas como víctimas, las personas entienden que debían entrar al grupo de calificados y así verse beneficiados con las medidas de reparación. Esto es contrario al hecho asumido por el Estado, que “tácitamente” los dejó fuera.
Ariel Zúñiga, quien representa a los ex presos políticos en tribunales, señala que según el artículo 64 de la ley 19.880, está permitido denunciar el silencio administrativo en los casos en que las autoridades no respondan a las solicitudes: “El recurso se fundamenta en el derecho a la integridad, física, síquica y moral de las personas, que son más de 120 víctimas de prisión política y tortura por la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet. A ellas, en este minuto, se les está negando un derecho, algo que no puede ser negado por la autoridad”, dijo.
Con estos antecedentes, la avanzada comenzó en abril de 2016, cuando se solicitó una respuesta formal a la subsecretaría del Interior, la cual no fue satisfactoria para los ex presos políticos. Posteriormente, entre mayo y julio de este año, se realizaron similares solicitudes a la Presidenta Michelle Bachelet, obteniendo resultados similares.
Hoy el conflicto se encuentra en trámite en la Corte de Apelaciones de Santiago con dos recursos de protección. El lunes 28 de agosto, el tribunal ordenó que la Presidenta informara sobre el asunto, dando un plazo de cinco días, bajo apercibimientos que van desde la amonestación privada hasta la suspensión de funciones hasta por cuatro meses.
El 5 de septiembre el Ejecutivo respondió pero no respecto de la demanda, sino que solicitó un nuevo plazo de cinco días para remitir el informe, petición que fue aprobada por la Corte.
Esto tiene molestos a los ex presos políticos, quienes critican el hecho de que la Corte no diera fundamentos legales para conceder más plazo al Gobierno, algo que interpretan como desigualdad. El dirigente Víctor Hugo Cuevas, quien representa al grupo de los cien denunciantes, dijo que “esto no es contra la Presidenta, sino que contra la forma en que se han llevado las cosas adelante. La Presidenta es la persona que está representando este problema. Es algo que estudiamos en torno a que los ex presos políticos llevamos muchos años en que no hemos obtenido respuesta por ningún estamento del Estado ni del Gobierno actual. Hemos estado en huelgas de hambre, tomas de recinto, pero ni del Gobierno ni del Congreso hemos logrado justicia y reparación digna”.
Finalmente, la agrupación realizó un llamado a todas las organizaciones de Derechos Humanos a estar pendientes del desarrollo de la iniciativa, puesto que de resultar favorable, podría ser una salida para los demás afectados que no se encuentran calificados para recibir la reparación.
(Tomado de DiarioUChile)
