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| Varios de los reos asesinados en los motines recientes han sido enterrados en el cementerio de Nuestra Señora Aparecida en Manaos. Raphael Alves/Agence France-Presse — Getty Images |
RÍO DE JANEIRO — El gobierno de Brasil intenta hacer frente a la sobrepoblación y la violencia de sus prisiones en las que más de 100 presos fueron asesinados en una semana. Muchos de ellos fueron decapitados y descuartizados.
Se trata de una de las crisis más serias que el presidente Michel Temer ha enfrentado desde que tomó el poder el año pasado después de la destitución de Dilma Rousseff en agosto.
Según los críticos, la respuesta de la administración de Temer ha sido inadecuada y la negativa de todas las esferas del gobierno a asumir alguna responsabilidad por lo ocurrido resulta “absurda”.
“Esto es un reto para la civilización”, dijo José Moisés, profesor de ciencias políticas de la Universidad de São Paulo. “La reacción no ha sido buena”.
Temer demoró tres días en responder después de que 56 prisioneros perdieran la vida en un motín entre pandillas de narcos rivales que comenzó el 1 de enero en la prisión de administración privada Anísio Jobim en Manaos, en el estado del Amazonas. Al día siguiente cuatro personas más fueron asesinadas en una prisión cercana.
El presidente brasileño dijo que fue un “terrible accidente” y que, dado que el centro penitenciario donde ocurrieron los asesinatos era una prisión privada, la responsabilidad del Estado no era clara. Sus comentarios fueron ampliamente ridiculizados.
“Tendrían que haber muerto más. Debería haber un motín cada semana”, dijo el ministro de asuntos para la juventud Bruno Júlio a un medio local. En medio de la indignación generalizada que provocaron sus comentarios, Júlio renunció horas después.
“El gobierno trató esta tragedia como si fuera algo inesperado. Eso es absurdo”, dijo Maria Laura Canineu, directora de Human Rights Watch en Brasil.
Canineu hizo referencia a un informe publicado en diciembre de 2015 por el Mecanismo Nacional de Prevención y Combate de la Tortura, un grupo de investigadores independientes vinculados con el ministerio de Justicia, que describió una situación potencialmente explosiva en la prisión de Anísio Jobim, en la que los prisioneros temían ser torturados y asesinados si llegaba a haber un motín.
Además de la masacre en el estado de Amazonas, 33 reos murieron el 6 de enero en otro motín en una prisión a las afueras de Boa Vista, en el estado norteño de Roraima.
Los oficiales de la Policía dijeron que dos grupos rivales de narcotraficantes, el Primer Comando de la Capital y la Familia del Norte, se habían involucrado en una guerra sangrienta por el control de las lucrativas rutas de tráfico del Amazonas y estaban detrás de los asesinatos de los últimos días.
Los homicidios y los asaltos se han agravado en la ciudad de Manaos desde los asesinatos en la prisión, dijo Gerson Feitosa, cabo de policía y presidente de una asociación policíaca local.
“La gente tiene miedo”, dijo. “Después de la masacre, comenzó la guerra en las calles”.
Familiares de prisioneros en Manaos esperan a recibir información sobre los fallecidos en un motín el domingo 8 de enero.
Raphael Alves/Agence France-Presse -- Getty Images
El 6 de enero, el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, dio a conocer un proyecto del Plan Nacional de Seguridad Pública. La propuesta, anunciada inicialmente en octubre, tiene como objetivo reducir los homicidios, modernizar el sistema carcelario y mejorar la cooperación entre las agencias de seguridad y las naciones vecinas en la lucha contra el crimen organizado transfronterizo.
También incluye la construcción de cinco nuevas prisiones federales para 220 prisioneros peligrosos, 248 millones de dólares para que los estados construyan nuevas cárceles y 94 millones de dólares más para bloquear la señal de celulares alrededor de centros penitenciarios, adquirir escáneres corporales y monitores para el tobillo.
Robert Muggah, fundador del Instituto Igarapé en Río de Janeiro y especialista en políticas de seguridad pública y antidrogas, dijo que algunas de las innovaciones que incluía el plan, como el objetivo de reducir los homicidios en un 7 por ciento anual, eran bienvenidas, pero que estaba muy centrado en la ley y el orden.
“La lucha contra el narcotráfico fracasará si se reduce a erradicar la producción de drogas y a su confiscación”, dijo Muggah. El consumo y la posesión de drogas deberán despenalizarse”, explicó.
Durante décadas, la violencia ha sido un problema en las cárceles sobrepobladas de Brasil, donde los carteles del narco gobiernan y la decapitación es habitual.
En la memoria de Brasil sigue fresca la violencia que aterrorizó en 2006 a São Paulo, la ciudad más grande del país, cuando la lucha entre la Policía y la pandilla Primer Comando de la Capital se cobró la vida de casi 200 personas.
Mientras, los asesinatos continúan.
El domingo 8 de enero, cuatro reos más murieron en Manaos; tres de ellos fueron decapitados.
Y más de 100 prisioneros que escaparon en el motín de la prisión Anísio Jobim siguen fugitivos. La policía de Manaos dijo que se necesitan más que buenas intenciones para combatir el creciente comercio de drogas en un estado tan grande.
“No tenemos la estructura para combatirlo”, dijo Rafael Costa e Silva, investigador y representante del sindicato policial en Manaos.