RT | "Cortaron la cabeza a mi hermano con una motosierra": Heridas sin cicatrizar del conflicto en Perú 13 febrero 2017


Unas 15.000 personas siguen desaparecidas o pendientes de ser identificadas tras las dos décadas de violencia sanguinaria que sacudieron al país andino.




Este martes tendrá lugar en Perú el juicio al líder de la agrupación armada Sendero Luminoso por el atentado de Miraflores, que acabó con la vida de 25 personas en 1992. Fue tan solo uno de los episodios del sangriento conflicto armado que sufrió durante dos décadas el país andino. Cerca de 70.000 personas murieron o desaparecieron durante este conflicto interno, que concluyó en el año 2000. Detrás de estas atrocidades, estuvieron tanto el Ejército como los grupos armados Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, ya disueltos.
"Los soldados nos violaron brutalmente, nos desnudaron, empezaron a violarnos en presencia de mi hermano"
"Los soldados nos violaron brutalmente, nos desnudaron, empezaron a violarnos en presencia de mi hermano", recuerda entre lágrimas Benita Upiachigua, que perdió a casi toda su familia durante el conflicto. "Después, cuando estábamos nosotras amarradas, agarraron a mi hermano, lo agarraron, lo amarraron, le arrancaron primero la cabeza con una motosierra, le iban arrancando pedazo por pedazo…", relata horrorizada.
Benita consiguió salvar la vida, pero su calvario no acabó ahí. Dos años más tarde, las autoridades torturaron hasta la muerte a su hijo de 15 años bajo la acusación de ser terrorista. Solo ocho meses más tarde, Sendero Luminoso secuestró a su marido, al que no ha vuelto a ver desde entonces.
Benita estuvo huyendo con su hija, fruto de la violación que sufrió cuando mataron a su hermano, hasta el año 2006. Por todo lo que ha pasado, ha recibido una compensación estatal de alrededor de 3.000 dólares, la reparación equivalente a una sola víctima.
En el año 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó un informe con una cifra estimada de los desaparecidos entre 1980 y 2000. El pasado julio, el Gobierno adoptó la Ley de búsqueda de personas desaparecidas, que pretende localizar a las víctimas y dar respuesta a sus familiares. Se calcula que alrededor de 15.000 personas siguen desaparecidas o pendientes de ser identificadas, recalca Bricio Segovia, corresponsal de RT. 
Sin embargo, medio año después de su entrada en vigor, la ley todavía no tiene una partida económica asignada en los presupuestos generales para 2017. "Justo estamos en pleno proceso de búsqueda de dinero con el Ministerio de Economía y Finanzas, para poder pagar a las personas que faltan en las listas anteriores y, sobre todo, a las personas que han sufrido una múltiple afectación", ha comentado Daniel Sánchez Velázquez, secretario técnico de la Comisión para la Paz, Reparación y Reconciliación.
Sin embargo, el problema principal es que la solución, aunque bienvenida, llega tarde para muchos. Y es que el dolor que llevan estas personas, enquistado durante tantos años, pesa ya más que cualquier respuesta del Estado.