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| Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante una operación de detención en Atlanta el 9 de febrero Ntb Scanpix/Reuters |
Hace más de dos años, Daniel Ramírez Medina, un migrante sin documentos, metió su solicitud para un programa especial creado durante el gobierno de Barack Obama, el cual le permitiría quedarse y trabajar en Estados Unidos.
Pero el 10 de febrero por la mañana, cuando agentes migratorios federales tocaron a su puerta en Seattle con la intención de detener a su padre, Ramírez, de 23 años, también fue arrestado. Sus abogados acaban de demandar al gobierno federal con el argumento de que está siendo retenido de manera inconstitucional en un caso “sin precedentes ni justificaciones”.
“Esta es una clara violación de sus derechos”, dijo Mark Rosenbaum, un abogado de Public Counsel, un despacho que trabaja pro bono. Rosenbaum ayudó a meter la demanda el lunes 13 de febrero ante la corte de distrito federal de Seattle. “Hubo una promesa solemne por parte del poder ejecutivo de que serían protegidos. La gente ha puesto en juego su vida y bienestar por esa promesa”.
El presidente Trump ha empujado por acelerar las deportaciones de migrantes indocumentados como cumplimiento de una promesa de campaña. Desde que firmó una orden ejecutiva el 25 de enero, que expandió la definición de quiénes son considerados prioridad para la deportación, ha habido reportes de redadas masivas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), incluido el arresto de 600 personas alrededor de todo Estados Unidos la semana pasada. Aún no queda claro, sin embargo, si la ejecución de las órdenes de deportación ha aumentado, pues los migrantes indocumentados eran regularmente detenidos y expulsados durante el gobierno de Obama.
Algunos, como Ramírez, tienen un estado legal precario. Es una de las más de 750 mil personas que han recibido permisos para trabajar y quedarse en Estados Unidos con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), desde que el programa empezó en 2012. Para ser elegibles, los beneficiarios deben comprobar que han estado en el país desde niños y que no tienen antecedentes penales serios.
Trump no ha dejado claro si pretende renovar el programa. Durante la campaña, lo criticó como una “amnistía ilegal”, pero más recientemente había sugerido que podría “resolver algo” para los beneficiados.
Ramírez llegó a Estados Unidos desde México cuando tenía siete años y nunca ha sido acusado de delito alguno que pudiera poner en jaque su estatus de DACA. Abogados y activistas dijeron el 14 de febrero que, antes del caso de Ramírez, no habían escuchado de ningún beneficiario de DACA con su papeleo en regla que hubiera sido detenido.
Una portavoz del ICE dijo en un comunicado emitido la noche del martes que Ramírez es “un miembro de una pandilla, que admitió serlo” y es un “peligro a la seguridad pública”, por lo que enfrenta procedimientos de expulsión en las cortes migratorias.
El abogado Rosenbaum dijo que Ramírez fue presionado por agentes migratorios para admitir de manera falsa que tiene afiliaciones pandilleras, algo que el joven “niega inequívocamente”.
Los agentes migratorios llegaron a la casa de los Ramírez porque el padre ya enfrentaba una orden de deportación. Tras arrestarlo, el hombre pidió regresar a su hogar para avisarle a sus hijos.
Los agentes entonces le preguntaron a Daniel Ramírez si estaba legalmente en Estados Unidos, según la demanda. “Sí, tengo un permiso de trabajo”, respondió.
El hermano mayor de Daniel, también beneficiario de DACA, le aconsejó no responder más preguntas hasta que hubiera un abogado presente.
Ramírez fue llevado a un centro migratorio en Seattle, donde entregó su cartera, que contenía el permiso laboral que lo identifica como beneficiario de DACA, según los documentos legales. Al ver el permiso, un oficial le habría dicho: “No importa, no naciste en este país”. Ramírez fue registrado y llevado a un centro de detención en Tacoma, donde seguía hasta el martes por la noche. Su hermano no fue arrestado.
Cuando empezó el programa de acción diferida, varios migrantes estaban preocupados de que el gobierno tendría demasiada información sobre ellos, como sus domicilios, lo que los volvería vulnerables a la deportación después. Pero las autoridades les aseguraron que no usarían esos datos en su contra.
El gobierno estadounidense incluso instauró un número telefónico de 24 horas para que los beneficiarios de DACA llamaran en caso de que fueran arrestados. Ramírez hizo varias llamadas, pero los agentes migratorios no hicieron nada por liberarlo.
La demanda argumenta que la acción diferida de Obama establece una expectativa clara de protección contra la deportación y que Ramírez no representa ninguna amenaza. Ramírez se mudó hace poco de California a Seattle para encontrar un trabajo con mejor salario para poder mantener a su hijo de tres años, según los abogados. El menor vive con la madre.
“Nuestra esperanza y expectativa es que Daniel será liberado rápidamente y que el gobierno reconocerá que esto es un error”, dijo Rosenbaum, quien mencionó que otros beneficiarios de DACA habían sido arrestados en los últimos años, pero siempre eran liberados de manera casi inmediata.