San Salvador, 29 mar (PL) La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó hoy en sesión plenaria una ley que prohibe la minería metálica, con 70 votos a favor y ninguno en contra.
La víspera, la comisión parlamentaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio luz verde el dictamen para prohibir una práctica que genera más daños que beneficios, pese a las campañas que promueven una supuesta 'minería responsable'.
Los 70 parlamentarios presentes ratificaron la legislación, y solo faltó el voto de 14 diputados ausentes, un consenso histórico en un Parlamento tan polarizado como el salvadoreño, que rara vez se pone de acuerdo.
Guillermo Mata, diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, expresó su satisfacción por haber saldado una deuda histórica con la población del norte del país.
Afirmó que esta ley frenará una actividad económica que, lejos de ser responsable como aseguraban sus defensores, acabaría afectando a todo el país, debido al eventual impacto que tendría en el río Lempa, principal fuente de agua de El Salvador.
'Esta fue una iniciativa del FMLN desde el 2006 y todos los partidos políticos han apoyado', celebró Mata, posición secundada por John Wright, de la ultraconservadora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que esta vez escuchó al pueblo.
Wright expresó que la prohibición de la minería metálica es definitiva, pues se tuvieron en cuenta los factores técnicos y la voz de la mayoría de los salvadoreños, que rechazaron las pretensiones de trasnacionales como Oceana Gold.
Ya sea por conciencia medioambiental o por conveniencia electoral, lo cierto es que todas las formaciones políticas expresaron desde temprano su intención de votar a favor de esta legislación.
Días atrás fueron aprobados los 11 artículos del anteproyecto de ley y, tras el visto bueno de la Asamblea, solo falta la sanción del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.
La aprobación de esta Ley obliga a Oceana Gold a salir de El Salvador, amén de pagarle al Estado ocho millones de dólares en indemnización, sanción ratificada por el Banco Mundial.
Varios municipios salvadoreños rechazaron en referendos populares la explotación de sus tierras por las trasnacionales y la Iglesia Católica se alió a grupos sociales y ambientalistas en su esfuerzo por lograr una ley contra la explotación minera.
ocs/cmv
Los 70 parlamentarios presentes ratificaron la legislación, y solo faltó el voto de 14 diputados ausentes, un consenso histórico en un Parlamento tan polarizado como el salvadoreño, que rara vez se pone de acuerdo.
Guillermo Mata, diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, expresó su satisfacción por haber saldado una deuda histórica con la población del norte del país.
Afirmó que esta ley frenará una actividad económica que, lejos de ser responsable como aseguraban sus defensores, acabaría afectando a todo el país, debido al eventual impacto que tendría en el río Lempa, principal fuente de agua de El Salvador.
'Esta fue una iniciativa del FMLN desde el 2006 y todos los partidos políticos han apoyado', celebró Mata, posición secundada por John Wright, de la ultraconservadora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que esta vez escuchó al pueblo.
Wright expresó que la prohibición de la minería metálica es definitiva, pues se tuvieron en cuenta los factores técnicos y la voz de la mayoría de los salvadoreños, que rechazaron las pretensiones de trasnacionales como Oceana Gold.
Ya sea por conciencia medioambiental o por conveniencia electoral, lo cierto es que todas las formaciones políticas expresaron desde temprano su intención de votar a favor de esta legislación.
Días atrás fueron aprobados los 11 artículos del anteproyecto de ley y, tras el visto bueno de la Asamblea, solo falta la sanción del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.
La aprobación de esta Ley obliga a Oceana Gold a salir de El Salvador, amén de pagarle al Estado ocho millones de dólares en indemnización, sanción ratificada por el Banco Mundial.
Varios municipios salvadoreños rechazaron en referendos populares la explotación de sus tierras por las trasnacionales y la Iglesia Católica se alió a grupos sociales y ambientalistas en su esfuerzo por lograr una ley contra la explotación minera.
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