Por Isabel Soto Mayedo*Guatemala (PL) Nueve ataques armados a seis comisarías de la Policía Nacional Civil (PNC) en menos de 24 horas, tres policías muertos y ocho heridos, más un civil lesionado, activaron las alarmas y alientan a la controversia en Guatemala.
Mientras el Gobierno insiste en que se trata de un contraataque de las pandillas, tras la desarticulación de un centenar de estructuras del barrio 18, varias voces recuerdan que hace tiempo estas bandas criminales son utilizadas como brazo armado cada vez que se trata de infundir terror a la población.
En cualquier caso vale considerar que la asonada iniciada el lunes 20 de marzo en la noche contra puestos policiales de algunas zonas de la capital, y del departamento occidental de Quetzaltenango, surtió el efecto de cortina de humo detrás de la cual quedaron ciertos hechos que remecieron al Gobierno.
Del 5 al 11 de marzo Guatemala se estremeció al compás de marchas masivas de campesinos, indígenas, maestros y mujeres, cuyas demandas apuntaron a la urgencia de cambiar el modelo económico y patriarcal prevaleciente, así como a lograr la renuncia del presidente Jimmy Morales.
Este movimiento cívico cobró vigor a raíz de las incoherencias relativas al incendio en el albergue estatal Virgen de la Asunción, de San José Pinula, donde eran frecuentes los maltratos y violaciones sexuales a menores de edad, además de la probable operación de una red de prostitución y trata de personas.
La muerte de 40 niñas en el hospicio a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) movilizó a un pueblo entero ávido de justicia -sin distinciones religiosas, ideológicas o de otro tipo- y a buena parte del mundo.
Al mismo tiempo, alentó los recelos acerca de la incapacidad del mandatario para gobernar y de su culpabilidad en los hechos, lo que motivó incluso la presentación de denuncias legales en su contra por tortura, ejecución extrajudicial, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Aunque falta mucho por esclarecer en el caso, y más culpables por capturar, la tragedia es considerada un crimen de Estado, máxime luego que se conoció el modo cruel en el cual actuaron los policías respecto a las víctimas.
El escándalo provocado por el incendio en el centro de acogida llegó al punto que presidentes de diferentes países y hasta el Papa Francisco expresaron sus condolencias y pidieron obrar en aras de encontrar a los responsables de tamaña masacre.
Los gritos de 'Fue el Estado' o 'Fuera Jimmy Morales, Yo no tengo presidente', entre otros, resonaron en la Plaza de la Constitución, que de forma consecutiva recibió a miles de personas empeñadas en patentizar su duelo y lograr una respuesta certera de las autoridades a lo acaecido el 8 de marzo.
Empero, cuando la ciudadanía lloraba a las niñas del Virgen de la Asunción, el presidente aprovechó para vetar la ley destinada a dignificar a las comadronas o parteras y el Congreso avanzó en su agenda proempresarial, con privilegios fiscales para los ganaderos.
También en medio del duelo aparecieron propuestas orientadas a afianzar la impunidad en Guatemala, como la reforma al artículo 100 de la Ley del Servicio Civil del Organismo Legislativo, para eximir de responsabilidad penal a quienes participaron en actos parlamentarios desde el 2008.
Y el proyecto de modificación del Código Penal, dictaminado favorablemente por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en aras de facilitar la obtención de medidas sustitutivas a los implicados en casos de corrupción, entre los cuales está el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015).
Como rayo de luz en medio de las tormentas cayó que la Corte Suprema de Justicia retirara la inmunidad al coronel retirado y diputado Édgar Justino Ovalle, el poder detrás del jefe de Estado, a pesar de las acusaciones que pesan en su contra por delitos de lesa humanidad durante la guerra interna (1960-1996).
Sin embargo, el exjefe de Inteligencia en la otrora Base Militar Coronel Antonio José de Irisarri de Cobán (Alta Verapaz, 1983) sigue ausente del Congreso y con orden de captura internacional por su desaparición, lo que arriesga la posibilidad de enjuiciarlo y de festejar el triunfo de la justicia transicional al ordenar su detención.
Ovalle, alias Puñalito, es acusado de cinco desapariciones forzadas en ese enclave del Ejército de Guatemala, reconocido ahora como Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).
Desde enero de 2016 este fue señalado por los presuntos crímenes cometidos allí, pero argucias legales de por medio le permitieron continuar disfrutando de su curul -y de sus idas y venidas al despacho presidencial- hasta que se esfumó previo a ser despojado de sus fueros para ser investigado.
En medio de las dudas en torno al paradero del secretario general del partido que llevó a Morales a mandatario, el Frente de Convergencia Nacional-Nación, volvieron a sonar las alarmas, esta vez en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones, conocido como Etapa II.
El recinto, ubicado también en San José Pinula, al suroeste de la capital, estaba destinado a menores de edad en conflicto con la ley, pero de los 73 reos que convivían ahí, sólo 17 estaban en ese rango y 56 eran integrantes de la pandilla Barrio 18, de los cuales 39 eran adultos, refieren informes de la SBS.
Según estimaciones policiales, el domingo 19 de marzo estalló una revuelta en el lugar y los pandilleros tomaron como rehenes a siete custodios, uno de los cuales murió a mano de sus captores, y otros tres fallecieron después de ser rescatados en un operativo que sucedió tras 30 horas de diálogo infructuoso.
Tanto el director de la PNC, Nery Ramos, como el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, reconocieron el uso de la fuerza en el operativo y del empleo de gases lacrimógenos.
Se actuó de manera proporcional con la fuerza que el Estado nos da para restablecer el orden, declaró Rivas y espetó que 'si ellos fueron heridos, probablemente fue por oposición al control que se estaba ejerciendo'.
Aplacado el motín en Etapa II, tuvieron lugar los ataques a las nueve comisarías y las autoridades los atribuyeron en el instante a los pandilleros del Barrio 18, en tanto el presidente de Guatemala hablaba de amenaza de alta intensidad por la delincuencia y el crimen organizado.
'Hemos dicho que cueste lo que cueste, no toleraremos que estructuras criminales intenten desestabilizar la paz social', subrayó.
Asimismo Morales pidió al Organismo Judicial colaborar con las decisiones del Consejo Nacional de Seguridad, para castigar en forma rápida y efectiva a los responsables de los atentados.
'El Estado a través de la PNC ha actuado en contra de estructuras delictivas; y hoy se observa una reacción de estas bandas', afirmó el titular del Mingob, según el cual son más de 100 las estructuras criminales del barrio 18 neutralizadas.
'Vamos a continuar con los operativos y a detener a estos pandilleros cobardes', remarcó el vocero de la PNC, Jorge Aguilar, en un contexto marcado por la insistencia de ciertos sectores en reactivar la aplicación de la pena de muerte y por la existencia de múltiples agencias de seguridad.
Pero también por la sorpresa de consultores políticos y observadores internacionales ante el nivel de organización demostrado por las pandillas el 21 de marzo, aunque se conoce de la proclividad de estas a actuar de forma temeraria y en abierta impunidad.
'Las maras en Guatemala son una expresión violenta de una sociedad producto de una larga historia de violencia y están emparentadas con la cultura de impunidad que prevalece porque el Estado no es un verdadero regulador de la vida social', comentó a Prensa Latina el filósofo y sicólogo, Marcelo Colussi.
En su opinión, estas siempre fueron utilizadas por quienes ejercen el poder para este tipo de acciones criminales, para desestabilizar, y así mantener en zozobra a la población y alejarla de sus verdaderos problemas.
Quién quita que este marzo convulso, en el cual arreciaron las manifestaciones de rechazo al presidente, sea el preludio de tiempos más borrascosos por la insistencia de recurrir a la militarización en el ámbito de lo que algunos llaman la restauración conservadora en Guatemala.
*Corresponsal de Prensa Latina en Guatemala
em/ism
En cualquier caso vale considerar que la asonada iniciada el lunes 20 de marzo en la noche contra puestos policiales de algunas zonas de la capital, y del departamento occidental de Quetzaltenango, surtió el efecto de cortina de humo detrás de la cual quedaron ciertos hechos que remecieron al Gobierno.
Del 5 al 11 de marzo Guatemala se estremeció al compás de marchas masivas de campesinos, indígenas, maestros y mujeres, cuyas demandas apuntaron a la urgencia de cambiar el modelo económico y patriarcal prevaleciente, así como a lograr la renuncia del presidente Jimmy Morales.
Este movimiento cívico cobró vigor a raíz de las incoherencias relativas al incendio en el albergue estatal Virgen de la Asunción, de San José Pinula, donde eran frecuentes los maltratos y violaciones sexuales a menores de edad, además de la probable operación de una red de prostitución y trata de personas.
La muerte de 40 niñas en el hospicio a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) movilizó a un pueblo entero ávido de justicia -sin distinciones religiosas, ideológicas o de otro tipo- y a buena parte del mundo.
Al mismo tiempo, alentó los recelos acerca de la incapacidad del mandatario para gobernar y de su culpabilidad en los hechos, lo que motivó incluso la presentación de denuncias legales en su contra por tortura, ejecución extrajudicial, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Aunque falta mucho por esclarecer en el caso, y más culpables por capturar, la tragedia es considerada un crimen de Estado, máxime luego que se conoció el modo cruel en el cual actuaron los policías respecto a las víctimas.
El escándalo provocado por el incendio en el centro de acogida llegó al punto que presidentes de diferentes países y hasta el Papa Francisco expresaron sus condolencias y pidieron obrar en aras de encontrar a los responsables de tamaña masacre.
Los gritos de 'Fue el Estado' o 'Fuera Jimmy Morales, Yo no tengo presidente', entre otros, resonaron en la Plaza de la Constitución, que de forma consecutiva recibió a miles de personas empeñadas en patentizar su duelo y lograr una respuesta certera de las autoridades a lo acaecido el 8 de marzo.
Empero, cuando la ciudadanía lloraba a las niñas del Virgen de la Asunción, el presidente aprovechó para vetar la ley destinada a dignificar a las comadronas o parteras y el Congreso avanzó en su agenda proempresarial, con privilegios fiscales para los ganaderos.
También en medio del duelo aparecieron propuestas orientadas a afianzar la impunidad en Guatemala, como la reforma al artículo 100 de la Ley del Servicio Civil del Organismo Legislativo, para eximir de responsabilidad penal a quienes participaron en actos parlamentarios desde el 2008.
Y el proyecto de modificación del Código Penal, dictaminado favorablemente por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en aras de facilitar la obtención de medidas sustitutivas a los implicados en casos de corrupción, entre los cuales está el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015).
Como rayo de luz en medio de las tormentas cayó que la Corte Suprema de Justicia retirara la inmunidad al coronel retirado y diputado Édgar Justino Ovalle, el poder detrás del jefe de Estado, a pesar de las acusaciones que pesan en su contra por delitos de lesa humanidad durante la guerra interna (1960-1996).
Sin embargo, el exjefe de Inteligencia en la otrora Base Militar Coronel Antonio José de Irisarri de Cobán (Alta Verapaz, 1983) sigue ausente del Congreso y con orden de captura internacional por su desaparición, lo que arriesga la posibilidad de enjuiciarlo y de festejar el triunfo de la justicia transicional al ordenar su detención.
Ovalle, alias Puñalito, es acusado de cinco desapariciones forzadas en ese enclave del Ejército de Guatemala, reconocido ahora como Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).
Desde enero de 2016 este fue señalado por los presuntos crímenes cometidos allí, pero argucias legales de por medio le permitieron continuar disfrutando de su curul -y de sus idas y venidas al despacho presidencial- hasta que se esfumó previo a ser despojado de sus fueros para ser investigado.
En medio de las dudas en torno al paradero del secretario general del partido que llevó a Morales a mandatario, el Frente de Convergencia Nacional-Nación, volvieron a sonar las alarmas, esta vez en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones, conocido como Etapa II.
El recinto, ubicado también en San José Pinula, al suroeste de la capital, estaba destinado a menores de edad en conflicto con la ley, pero de los 73 reos que convivían ahí, sólo 17 estaban en ese rango y 56 eran integrantes de la pandilla Barrio 18, de los cuales 39 eran adultos, refieren informes de la SBS.
Según estimaciones policiales, el domingo 19 de marzo estalló una revuelta en el lugar y los pandilleros tomaron como rehenes a siete custodios, uno de los cuales murió a mano de sus captores, y otros tres fallecieron después de ser rescatados en un operativo que sucedió tras 30 horas de diálogo infructuoso.
Tanto el director de la PNC, Nery Ramos, como el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, reconocieron el uso de la fuerza en el operativo y del empleo de gases lacrimógenos.
Se actuó de manera proporcional con la fuerza que el Estado nos da para restablecer el orden, declaró Rivas y espetó que 'si ellos fueron heridos, probablemente fue por oposición al control que se estaba ejerciendo'.
Aplacado el motín en Etapa II, tuvieron lugar los ataques a las nueve comisarías y las autoridades los atribuyeron en el instante a los pandilleros del Barrio 18, en tanto el presidente de Guatemala hablaba de amenaza de alta intensidad por la delincuencia y el crimen organizado.
'Hemos dicho que cueste lo que cueste, no toleraremos que estructuras criminales intenten desestabilizar la paz social', subrayó.
Asimismo Morales pidió al Organismo Judicial colaborar con las decisiones del Consejo Nacional de Seguridad, para castigar en forma rápida y efectiva a los responsables de los atentados.
'El Estado a través de la PNC ha actuado en contra de estructuras delictivas; y hoy se observa una reacción de estas bandas', afirmó el titular del Mingob, según el cual son más de 100 las estructuras criminales del barrio 18 neutralizadas.
'Vamos a continuar con los operativos y a detener a estos pandilleros cobardes', remarcó el vocero de la PNC, Jorge Aguilar, en un contexto marcado por la insistencia de ciertos sectores en reactivar la aplicación de la pena de muerte y por la existencia de múltiples agencias de seguridad.
Pero también por la sorpresa de consultores políticos y observadores internacionales ante el nivel de organización demostrado por las pandillas el 21 de marzo, aunque se conoce de la proclividad de estas a actuar de forma temeraria y en abierta impunidad.
'Las maras en Guatemala son una expresión violenta de una sociedad producto de una larga historia de violencia y están emparentadas con la cultura de impunidad que prevalece porque el Estado no es un verdadero regulador de la vida social', comentó a Prensa Latina el filósofo y sicólogo, Marcelo Colussi.
En su opinión, estas siempre fueron utilizadas por quienes ejercen el poder para este tipo de acciones criminales, para desestabilizar, y así mantener en zozobra a la población y alejarla de sus verdaderos problemas.
Quién quita que este marzo convulso, en el cual arreciaron las manifestaciones de rechazo al presidente, sea el preludio de tiempos más borrascosos por la insistencia de recurrir a la militarización en el ámbito de lo que algunos llaman la restauración conservadora en Guatemala.
*Corresponsal de Prensa Latina en Guatemala
em/ism
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