Panamá, 15 mar (PL) Fuertes críticas brotan hoy desde la sociedad panameña, tras la creación de una comitiva integrada por 11 diputados para investigar supuestos actos de corrupción en las contrataciones de obras de infraestructura pública.
Una de las diatribas más fuertes emanó de la propia Asamblea Nacional, a través de la diputada independiente Ana Matilde Gómez, quien se opuso a la iniciativa porque 'no hay moral para hacer este tipo de investigación, cuando no hemos podido fiscalizar nuestros propios escándalos'.
'Me parece que aunque tengamos las facultades legales, no tenemos la autoridad moral para nosotros fiscalizar tres periodos constitucionales', sentenció
Gómez se refirió al uso irregular de los fondos del Parlamento mediante las donaciones que otorgan algunos diputados, red que fue denunciada la semana pasada por el diario de circulación nacional La Prensa, hecho que suscita un gran rechazo de la sociedad.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá dijo que aunque 'no es la primera vez que se presentan escándalos en el hemiciclo legislativo', ya es hora de exigir cambios trascendentales que pongan fin a esta situación.
'Solicitamos que se realicen las reformas necesarias para que la Asamblea Nacional no pueda realizar donaciones, y exigimos que las necesidades básicas de la ciudadanía sean atendidas por las autoridades competentes', expresó el gremio.
'Hacemos un llamado al Órgano Judicial y la Contraloría General de la República a que, de una vez por todas, inicien procesos independientes de investigación y auditoría de los actos de corrupción que se han reportado por falencias en los procesos, empañando nuevamente la imagen de Panamá y debilitando la confianza que tiene la ciudadanía en la política', subrayó.
Por su parte, Roberto Troncoso, del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, aseguró que esta comitiva es 'un muro que fabrican los diputados para defenderse de la otra comisión que investigará las donaciones'.
Según fuentes parlamentarias, la comisión examinará la existencia de posibles actos de corrupción durante los últimos tres gobiernos: Martín Torrijos (2004-2009), Ricardo Martinelli (2009-2014) y el actual presidente, Juan Carlos Varela.
La resolución presentada el jueves último refiere que la comitiva analizará 'el tema de la contratación pública como fuente de corrupción y coadyuvará con los distintos actores y autoridades, al tiempo que propondrá leyes para promover la transparencia en la gestión pública'.
Reportes de prensa refieren que varios miembros de la comisión especial investigadora están vinculados a organizaciones no gubernamentales o fundaciones que recibieron donaciones supuestamente irregulares expedidas por el Parlamento entre julio de 2014 y marzo de 2017.
lam/npg
'Me parece que aunque tengamos las facultades legales, no tenemos la autoridad moral para nosotros fiscalizar tres periodos constitucionales', sentenció
Gómez se refirió al uso irregular de los fondos del Parlamento mediante las donaciones que otorgan algunos diputados, red que fue denunciada la semana pasada por el diario de circulación nacional La Prensa, hecho que suscita un gran rechazo de la sociedad.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá dijo que aunque 'no es la primera vez que se presentan escándalos en el hemiciclo legislativo', ya es hora de exigir cambios trascendentales que pongan fin a esta situación.
'Solicitamos que se realicen las reformas necesarias para que la Asamblea Nacional no pueda realizar donaciones, y exigimos que las necesidades básicas de la ciudadanía sean atendidas por las autoridades competentes', expresó el gremio.
'Hacemos un llamado al Órgano Judicial y la Contraloría General de la República a que, de una vez por todas, inicien procesos independientes de investigación y auditoría de los actos de corrupción que se han reportado por falencias en los procesos, empañando nuevamente la imagen de Panamá y debilitando la confianza que tiene la ciudadanía en la política', subrayó.
Por su parte, Roberto Troncoso, del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, aseguró que esta comitiva es 'un muro que fabrican los diputados para defenderse de la otra comisión que investigará las donaciones'.
Según fuentes parlamentarias, la comisión examinará la existencia de posibles actos de corrupción durante los últimos tres gobiernos: Martín Torrijos (2004-2009), Ricardo Martinelli (2009-2014) y el actual presidente, Juan Carlos Varela.
La resolución presentada el jueves último refiere que la comitiva analizará 'el tema de la contratación pública como fuente de corrupción y coadyuvará con los distintos actores y autoridades, al tiempo que propondrá leyes para promover la transparencia en la gestión pública'.
Reportes de prensa refieren que varios miembros de la comisión especial investigadora están vinculados a organizaciones no gubernamentales o fundaciones que recibieron donaciones supuestamente irregulares expedidas por el Parlamento entre julio de 2014 y marzo de 2017.
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