GINEBRA — El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusó este lunes a Birmania de haber perpetrado “un ejemplo de libro de texto de limpieza étnica” en contra de los musulmanes rohinyás, cientos de miles de los cuales han cruzado a Bangladés desde finales de agosto para escapar de la represión militar.
Zeid Ra’ad al Hussein, el alto comisionado, señaló que la “brutal” campaña de seguridad que lleva a cabo el ejército en zonas habitadas por los rohinyá constituye una clara violación del derecho internacional; citó también denuncias que dijo han sido constantes de asesinatos extrajudiciales, violaciones y otras atrocidades que se han dado de forma generalizada.
Al Hussein afirmó que la represión “parece una maniobra cínica para expulsar a la fuerza a una gran cantidad de gente con el objetivo de que no tenga la posibilidad de regresar” y señaló que Birmania había desmantelado durante décadas y de manera progresiva los derechos políticos y civiles de la minoría rohinyá.
Más de 300.000 rohinyás han huido a Bangladés desde el 25 de agosto, debido a que milicianos rohinyás armados atacaron puestos de la policía y una base militar ubicados en el estado occidental de Rakáin, el cual se encuentra en la costa este y es fronterizo con Bangladés.
Desde entonces, los refugiados rohinyás que han llegado a Bangladés han narrado a periodistas, agrupaciones de derechos humanos y otras personas que los soldados, junto con algunos residentes locales, habían incendiado varios pueblos y habían masacrado a hombres, mujeres y niños rohinyás.Las autoridades birmanas aseguraron que habían sido asesinados 15 miembros de las fuerzas de seguridad y 370 milicianos durante los enfrentamientos.
Algunos funcionarios de Birmania aseguraron que los rohinyás habían prendido fuego a sus propias casas y pueblos. El lunes, Al Hussein dijo que esas acusaciones eran “una negación total de la realidad” y que estaban dañando el prestigio internacional de un liderazgo que llegó al poder con una cantidad considerable de buena voluntad en lo que el país superaba décadas de control militar.
Los comentarios de Al Hussein se sumaron a la creciente ola de críticas a nivel internacional respecto de las acciones militares en Rakáin. Algunas de estas apuntan directamente hacia Aung San Suu Kyi, la lideresa de facto del gobierno civil electo y quien obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1991 por su resistencia ante la dictadura militar. Aung San Suu Kyi no controla al ejército birmano, pero aún no ha criticado la represión a los rohinyás.
El viernes, el dalái lama se convirtió en el más reciente premio nobel de la paz en alzar la voz contra el silencio de Aung San Suu Kyi, después de las declaraciones del obispo Desmond Tutu de Sudáfrica y la defensora de los derechos humanos Malala Yousafzai de Pakistán, quienes solicitaron que la nobel birmana tomara cartas en el asunto.
En Dharamsala, India, el dalái lama dijo a periodistas que los perseguidores de los rohinyás “deberían acordarse de Buda”; la población mayoritaria de Birmania es budista y algunos nacionalistas de esa religión han hecho campaña para que se expulse a los musulmanes del país.
Buda “definitivamente ayudaría a esos pobres musulmanes”, afirmó el dalái lama.
El domingo, los líderes de la Organización para la Cooperación Islámica que se reunieron en Astaná, Kazajistán, emitieron un comunicado en el cual condenaron los “actos sistemáticos de brutalidad” realizados en contra de los rohinyás y pidieron a Birmania que permitiera la presencia de una misión de observación de las Naciones Unidas en el país con el fin de llevar a cabo una investigación.
El gobierno birmano ha rehusado cooperar con la misión y ha señalado que no permitirá que haya miembros de la agrupación en el país.
El grupo miliciano a quien le achacan los ataques de agosto que llevaron a los operativos militares, el Ejército de Salvación Rohinyá Arakan, declaró una tregua unilateral con un mes de duración el pasado 10 de septiembre con el argumento de que debe poder pasar la ayuda humanitaria; urgió a las fuerzas armadas birmanas a que también cesaran los ataques, pero el gobierno se negó y dijo que no negocia con terroristas.
En su discurso del 11 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el alto comisionado Al Hussein dijo que estaba impactado por los reportes que aseguraban que el ejército birmano había colocado minas a lo largo de la frontera con Bangladés que recorren actualmente los rohinyá; Amnistía Internacional afirmó que había documentado a las fuerzas de seguridad de Birmania minando el campo.
Las agrupaciones de derechos humanos señalaron que las minas provocaron la muerte de un civil cerca de la frontera y que tres personas, incluidos dos niños, resultaron heridas de gravedad, a principios de septiembre.
“Este es otro punto negativo de la que de por sí es una situación terrorífica en Rakáin”, afirmó Tirana Hassan, directora de respuesta a las crisis de Amnistía Internacional.
