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| Beate Zschape. Cadena perpetua. Foto: AP / Peter Kneffiel |
Tres neonazis alemanes cometieron una serie de asesinatos y asaltos entre 1997 y 2011; luego, dos de ellos se suicidaron y la única mujer del trío se entregó a las autoridades. Comenzó después el juicio que concluyó el miércoles 11 con una condena a cadena perpetua contra ella y penas menores a cuatro cómplices, supuestamente los únicos. Pero a lo largo del proceso, familiares de las víctimas, sus abogados y la prensa alemana tuvieron evidencia de que la célula neonazi contó con el apoyo de numerosos militantes de la ultraderecha teutona… y las autoridades encargadas de impartir justicia simplemente ignoraron esa información.
BERLÍN (Proceso).- Aquel 9 de septiembre de 2000 Enver Simsek comenzó a trabajar muy temprano. A las 08:30 horas ya había repartido tulipanes, crisantemos y dalias en la comunidad de Allersberg, a unos 25 kilómetros de Núremberg, en el sur de Alemania. Después se trasladó en su furgoneta blanca a la zona de Langwasser, en el sur de esa misma ciudad, para instalar su puesto de flores a la orilla de una carretera de la periferia.
Era sábado. El comerciante turco suplía a su empleado, quien normalmente era el encargado de atender el puesto de los Simsek cada fin de semana, pero que ahora estaba de vacaciones.
Alrededor de las 14:00 horas, cuando el hombre de 38 años aprovechaba la falta de clientes para atar algunos ramos, dos individuos –armados con revólveres– se acercaron hasta su puesto y, sin mediar palabra, le dispararon. Ocho tiros en cabeza, hombros, nuca y pecho acabaron con la vida del padre de familia. Los asesinos tuvieron todavía la sangre fría de fotografiar a su víctima, que yacía en el suelo bañado en sangre, y luego huyeron.
Hasta donde se sabe, éste fue el primero de los nueve crímenes de odio racial cometidos por Uwe Mundlos y Uwe Bohnhardt, integrantes del trío neonazi autodenominado Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU), que en octubre de 2011 saltaron a la fama luego de haberse suicidado en su casa rodante, tras cometer el último de sus atracos bancarios.
En su haber también se cuenta el asesinato de una policía alemana, 15 asaltos a bancos y dos atentados con bomba, que dejaron decenas de heridos. Todo entre 1997 y 2011, los 14 años que ellos dos y su cómplice, Beate Zschape, vivieron en la clandestinidad.
La historia de esta célula neonazi tuvo su punto final el pasado miércoles 11, cuando la Audiencia Territorial de Múnich condenó a cadena perpetua a Zschape, la única sobreviviente del trío, y a cuatro cómplices más, cuyas penas alcanzaron entre dos y medio y 10 años de prisión.
Durante poco más de cinco años el juicio acaparó la atención de la opinión pública y fue considerado por los medios locales como uno de los más importantes de la posguerra en Alemania, como los de Auschwitz y Núremberg o aquel contra la Fracción del Ejército Rojo.
El expediente del caso acumuló alrededor de 26 mil páginas, 600 testigos declararon, el proceso constó de 436 audiencias y tuvo un costo total de 26 millones de euros, el más caro en la historia de la justicia alemana. Además, la televisión pública alemana y otros canales privados dedicaron toda la mañana del miércoles 11 a transmitir en vivo los pormenores de la última audiencia.
Sin embargo, el que es considerado el juicio del siglo no dejó satisfechos a los familiares de las víctimas ni a sus defensas y tampoco a los medios alemanes, que permanentemente criticaron la cerrazón de la fiscalía general de apegarse hasta el final del proceso a la tesis del asesino solitario.
La justicia alemana se limitó a juzgar a los integrantes del trío y a cuatro de sus cómplices –que les facilitaron armas, documentos falsos y dinero– como únicos responsables de los crímenes. La posibilidad de investigar, perseguir y castigar a la amplia red de apoyo que tuvieron fue denegada una y otra vez.
Irregularidades
Investigaciones independientes, realizadas durante los últimos cinco años tanto por periodistas como por los propios familiares y las comisiones de investigación sobre el caso que se abrieron en el Parlamento Federal y en distintos estados del país, dejan al descubierto que lejos de reducirse a un trío con sólo cuatro cómplices, existió una enorme red de apoyo y protección que hizo posibles los crímenes de la NSU y su actuar impune durante 14 años. Tal red, luego del juicio, permanece intacta ante la negativa de la autoridad para investigarla.
También quedó evidenciada la actitud débil, pasiva y hasta posiblemente culpable de los servicios secretos y las autoridades alemanas en esta trama, que pareciera sacada de la ficción.
“Más allá de las condenas, lo importante dentro de este juicio era el esclarecimiento de cada uno de los crímenes. Para mi clienta y para mí el resultado es deprimente y deplorable, pues lo que buscábamos era esclarecer qué sucedió con su padre, cuáles fueron los motivos por los cuales fue asesinado y quiénes participaron en el crimen. Y eso, tras cinco años, no quedó resuelto”, señala en entrevista Sebastian Scharmer, abogado de Gamze Kubasik, cuyo padre, Mehmet, fue asesinado el 4 de abril de 2006 en su tienda de abarrotes en la ciudad de Dortmund.
Para quien analiza los detalles de cada uno de los crímenes, es evidente que el trío de jóvenes neonazis no pudo haberlos planeado y ejecutado sin ayuda.
“Hay muchos lugares de los hechos en los que no se puede explicar la actuación del trío sin que hubiera detrás un cómplice que los hubiera alertado sobre el sitio, sus condiciones y la presencia de las víctimas. ¿Cómo llegaron los delincuentes provenientes de Zwickau, una pequeña ciudad en el este alemán, precisamente hasta Simsek, en Núremberg, que está en otro estado? ¿Tenían ellos tres la capacidad de ubicar y señalar a sus víctimas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional?”, cuestiona el documental Los siete secretos de la NSU, elaborado por la cadena de televisión pública ZDF.
Y su respuesta es clara: hay pruebas de la existencia de una red, de un sistema complejo de cómplices e informantes.
El documental analiza el caso de Simsek, quien instalaba su puesto sólo los sábados y en un lugar que únicamente era reconocible para la gente de la zona. Sólo quien vive permanentemente en la ciudad pudo saber la periodicidad exacta con la que era colocado el tendido y su ubicación.
Las investigaciones apuntan a que el ambiente regional neonazi en Núremberg pudo haber ayudado. La clave está en la amiga y conocida del trío, Mandy S, quien mantenía una relación amorosa con un funcionario del Partido Nacionaldemócrata de Alemania, de extrema derecha, y quien solía comprar flores en ese puesto. El personaje reconoció haber sido cliente de Simsek pero aseguró, claro, desconocer cualquier plan de asesinarlo. La Fiscalía no investigó más.
Y situaciones del mismo tipo se encuentran en cada uno de los otros nueve asesinatos cometidos por el trío.
Otro ejemplo: el 25 de febrero de 2004 el turco Turgut Mehmet fue asesinado de tres tiros en la cabeza en la ciudad norteña de Rostock, mientras ayudaba en un puesto de comida de un conocido. El dueño del negocio, hoy se sabe, había tenido una disputa semanas antes con neonazis de la zona. Poco después de ese incidente hubo un incendio en el establecimiento y los bomberos dijeron que pudo haberse tratado de un atentado.
Tales antecedentes, que habían quedado registrados por las autoridades regionales, no fueron tomados en cuenta durante la investigación que se siguió para esclarecer el asesinato del joven turco de 25 años. Tampoco el hecho de que a no más de 200 metros del lugar del crimen se encontrara el domicilio de Markus H, un conocido neonazi de la región, cuyo nombre, paradójicamente, se encontró en 2012 en la agenda de contactos de Uwe Mundlos.
En aquel 2004, en cambio, las autoridades alemanas que investigaron el crimen excluyeron un fondo xenófobo y más bien se dedicaron a investigar el entorno amistoso y familiar de la víctima. En el juicio de la NSU, años después, tampoco importaron esos antecedentes.
El papel del Estado
Y destaca el pobre papel que el Estado alemán ha jugado en esta historia.
Antes de que Zschape se entregara –por su voluntad– a las autoridades y quedara expuesto con ello el actuar y modus operandi de la NSU, los investigadores alemanes no fueron capaces de conectar entre sí los nueve crímenes contra ciudadanos con origen extranjero y una policía, pese a que había elementos de sobra para suponer que estaban vinculados. Tampoco consideraron como línea de investigación al extremismo de derecha.
Por el contrario, durante años los familiares y amigos de las víctimas fueron revictimizados al convertirse en sospechosos ante la autoridad. Y es que los investigadores alemanes aplicaron la tesis de que al ser de origen extranjero las víctimas, sus verdugos también tendrían que serlo. Y no sólo eso, sino que también podrían ser parte de mafias y sus crímenes, ajustes de cuentas.
“En el caso de mis clientes, desde 2006 hasta 2011 fueron sistemáticamente revictimizados con el argumento de los investigadores alemanes de que turcos sólo pueden ser asesinados por otros turcos. Y aunque no podemos acusar individualmente a cada investigador de racista, la forma en que abordaron los casos y la investigación sí estuvo impregnada de racismo estructural: las víctimas fueron estigmatizadas, excluidas y además se les convirtió en sospechosas”, recrimina Scharmer.
Pero no sólo eso. El papel que jugaron los servicios secretos demuestra incapacidad o, peor, complicidad institucional.
La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) es la agencia de inteligencia policiaca del gobierno alemán que se ocupa de investigaciones concernientes al ámbito doméstico; le corresponde vigilar a los grupos de extrema derecha. Para ello cuenta con los denominados V-männer, informantes infiltrados en el movimiento neonazi y que a cambio de un pago permanente aportan información a la autoridad.
En cada uno de los casos, y tras las largas investigaciones, se encontró que de forma indirecta o directa hubo informantes de la BfV en el ambiente de amistades que rodeaba al trío. Ello, sin embargo, no aportó elementos para capturar a los prófugos ni castigar su red de apoyo. Incluso en el momento y lugar de uno de los asesinatos estuvo presente uno de los V-männer.
Fue el 6 de abril de 2006 cuando el alemán de padres turcos Mehmet Yozgat fue ultimado por Mundlos y Bohnhardt en el cibercafé que tenía en la ciudad de Kassel, en el occidente del país. Justo en el momento de los hechos Andreas T, neonazi e informante de la BfV, estaba en el lugar chateando, según él, con su novia. Aseguró no haber sabido nada del crimen.
No sólo eso. Pocos días después del suicidio de Mundlos y Bohnhardt y la entrega de Zschape, funcionarios de la BfV destruyeron documentos y expedientes relacionados con una serie de informantes vinculados con el trío. La información podría haber sido valiosa para la investigación, pero acabó triturada por una máquina.
“Todos nuestros intentos por esclarecer a profundidad los casos toparon con pared. El involucramiento de los funcionarios de la BfV es un ejemplo. Lo que hoy podemos afirmar es que hubo en todo tiempo, desde 1998, cuando el trío se sumerge en la clandestinidad, hasta el final, en cada lugar, infiltrados (V-männer) que directa o indirectamente se toparon con el trío. Sólo en el proceso tuvimos 32 informantes que lo señalaron. Y eso nos genera la pregunta válida de qué tanta responsabilidad de parte del Estado hay en esos crímenes”, señala Scharmer.
Con la sentencia a cadena perpetua contra Zschape, la justicia alemana dio por concluido el más escandaloso caso de crímenes neonazis de la historia reciente de Alemania.
Y de acuerdo con Scharmer, no sólo dejó sin respuestas a los hijos, padres o esposas de las víctimas –que no supieron por qué sus seres queridos fueron asesinados–, sino que dejó también un claro mensaje para el movimiento neonazi que ayudó, protegió y fomentó a la NSU: se puede actuar impunemente, pues no habrá castigo.
Este reportaje se publicó el 29 de julio de 2018 en la edición 2178 de la revista Proceso.
