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| Familiares y amigos cargaban el ataúd que contenía los restos de Madelyn Patricia Hernández Hernández, de 14 años, que murió en el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, cerca de Ciudad de Guatemala.Moises Castillo/Associated Press |
CIUDAD DE MÉXICO — Los niños del Hogar Seguro Virgen de la Asunción con las discapacidades más graves fueron trasladados a otra institución donde 43 de ellos fueron alojados en una sola habitación. Muchos de los 130 niños que llegaron al Centro de Atención Especial “Alida España de Arana” tenían problemas psiquiátricos y otras condiciones, por lo que el personal de la institución rápidamente se encontró abrumado.
Y todos esos jóvenes acababan de vivir una experiencia aterradora —un incendio que mató a 40 chicas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, cerca de la Ciudad de Guatemala.
Esos fueron algunos de los detalles de un informe realizado por Disability Rights International, una organización con sede en Washington cuyos representantes estaban en el país centroamericano para visitar el hogar y otras instituciones cuando sucedió el incendio.
Los expertos del informe dicen que la premura por trasladar a los niños después del incendio los puso en riesgo de volver a sufrir los abusos que experimentaban en el hogar porque las nuevas instituciones no estaban preparadas para atenderlos.
Matthew Mason, miembro del equipo de Disability Rights International, dijo en el informe que “estas instituciones son el último lugar en el que querrían poner a un niño que sobrevivió a un trauma”.
“Son los basureros de la sociedad para las personas que no son deseadas por la sociedad, si son discapacitados o homosexuales llegan allí a través del sistema de justicia criminal”, dijo Eric Rosenthal, director ejecutivo de la organización, en una entrevista telefónica.
El incendio ocurrió después de que unos jóvenes que se habían escapado de la casa fueron capturados por la policía y devueltos a las instalaciones. Los investigadores creen que las chicas que murieron fueron encerradas en una habitación como castigo. Rosenthal comentó que los jóvenes entrevistados en el hogar dijeron que habían formado parte de la fuga y después habían sido encerrados y golpeados.
Existen denuncias de maltrato a jóvenes y adolescentes en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción desde el 2013, cuando el defensor del pueblo de Guatemala declaró que los derechos de los menores estaban siendo sistemáticamente violados.
El año pasado, el defensor le pidió al gobierno que cerrara el centro, donde 700 jóvenes estaban recluidos, y le pidió al fiscal general que investigara las denuncias de que algunos residentes habían sido abusados sexualmente y obligados a prostituirse en Ciudad de Guatemala.
El lunes, las autoridades detuvieron al exministro de Bienestar Social, Carlos Rodas Mejía, a la exviceministra Anahí Keller Zabala y al exdirector de la casa, Santos Torres Ramírez. Fueron acusados de homicidio culposo, negligencia y abuso infantil. Los tres renunciaron o fueron despedidos después del incendio.
La semana pasada, Rosenthal y su equipo le hicieron seguimiento a los jóvenes discapacitados que fueron trasladados. Dijeron que encontraron evidencias alarmantes de la severa negligencia producida por la política de institucionalización de Guatemala, una práctica que ya ha sido criticada por grupos de defensa.
Según el informe, los niños discapacitados fueron dejados en la institución, conocida como ABI, y “pasaron días acostados en esteras, atados a puertas metálicas o atados en sillas de ruedas”.
La investigación continúa: “Los niños abusan de sí mismos, se golpean, se pican los ojos o regurgitan los fluidos del estómago”.
Los maestros del Centro de Atención Especial “Alida España de Arana” informaron que los niños del Hogar Seguro Virgen de la Asunción estaban “gritando, chillando y pegándose”, que tenían pocos recursos y que llegaron casi sin historiales médicos, por lo que no tenían otra opción que medicarlos.
El resto de los jóvenes alojados en el hogar han sido trasladados a otras instalaciones en todo el país. Funcionarios del Ministerio de Salud le dijeron a Disability Rights International que siete de las niñas estaban embarazadas.
Muchos de esos jóvenes fueron abandonados; otros fueron dejados allí por sus familias. El año pasado, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas le pidió a Guatemala que finalizara la institucionalización de los niños.
Pero sin el apoyo del gobierno, a veces las familias no tienen otra opción. “Es una cuestión de voluntad política”, dijo Rosenthal. “Nunca se les ocurre que los niños deben estar con sus familias”.
