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| De izquierda a derecha, el general Salvador Cienfuegos, el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, durante un evento público en febrero Rebecca Blackwell/Associated Press |
CIUDAD DE MÉXICO — Mientras México protesta por las declaraciones agresivas de Trump en su contra, las autoridades mexicanas han comenzado, de manera sigilosa, a desmantelar protecciones legales para su población y otros esfuerzos para fortalecer el frágil Estado de derecho.
Expertos temen que eso deshaga décadas de avances en la defensa de los derechos humanos en la nación.
Los cambios se darían a través de una iniciativa legislativa, aparentemente inofensiva, presentada por un aliado del presidente Enrique Peña Nieto apenas un día después de que el canciller Luis Videgaray pidiera al gobierno de Trump que los connacionales en Estados Unidos sean tratados con “absoluto respeto a sus derechos civiles, a sus derechos humanos y al debido proceso”.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) dice que la iniciativa, que es presentada como una reforma al código penal y a los procedimientos penales, “mejorará” el nuevo sistema jurídico, un eje de la cooperación entre México y Estados Unidos que terminó de entrar en vigor el año pasado gracias a la ayuda estadounidense de más de 300 millones de dólares y es considerado el principal avance procesal del siglo en México.
Aunque el nuevo sistema —que cuenta con el apoyo de Estados Unidos— pretende asegurar la protección y garantía de los derechos humanos en una nación donde eso raramente sucede, la propuesta para reformarlo está encaminada en la dirección opuesta. Académicos jurídicos dicen que permite al gobierno detener a sospechosos durante años antes de que empiece un juicio, que faculta a la policía a armar casos a partir de rumores y testimonios sin sustento y que permite que fiscales usen evidencia obtenida por medio de la tortura.
Según los expertos, la iniciativa, que no ha sido avalada por el congreso, también fuerza a quien es acusado a ofrecer la evidencia que lo exculpe, en vez de que se le considere inocente hasta que se compruebe lo contrario.
“No solo es una contrarreforma, sino que contiene normas que incluso contravienen el derecho a la defensa”, dijo Alejandra Ramos, jueza en el estado de Chihuahua. “La quieren pasar porque es más fácil que preparar a fiscales y policías, más fácil que limpiar el sistema y romper con el uso de la tortura como una herramienta para investigar”.
La legislación da muestra de una contradicción al corazón del México actual bajo el gobierno del presidente Peña Nieto y del PRI: la versión que promueven al exterior se contrapone con la realidad que crea a nivel interno.
Al promover la Marca País, el gobierno ha creado una imagen de México como la de una nación en ascenso, un líder regional listo para asumir su lugar en el escenario global, competitivo en términos comerciales, económicos y culturales. Al mismo tiempo, ante la violencia creciente, la desigualdad pronunciada y la crisis de derechos humanos —Naciones Unidas ha calificado de “generalizada” la tortura por parte de las fuerzas de seguridad–, el mismo gobierno usualmente pisotea las garantías que asegura estar defendiendo.
La paradoja queda clara en las críticas del gobierno de México contra Trump, mientras el mismo gobierno busca de manera activa echar para atrás la protección de los derechos de los mexicanos.
De acuerdo con organismos internacionales que monitorean la situación de derechos humanos en México, la nueva propuesta legislativa es parte de un patrón. En el manejo de las autoridades de la corrupción que impera en los sistemas jurídico y político, de la impunidad para las fuerzas de seguridad o de las investigaciones de las decenas de miles de desapariciones, los organismos dicen que el gobierno comúnmente socava los avances que presume estar haciendo.
“México se ha esforzado en promover su imagen como un Estado que defiende o avanza en la protección de los derechos humanos internacionales”, dijo James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Pero en casa, la situación de derechos humanos es simplemente terrible: abusos severos, tortura, ejecuciones sumarias y una impunidad virtualmente garantizada”.
Los cambios propuestos al código penal han sido tan poco publicitados que muchos legisladores, jueces y abogados defensores los desconocen.
Además de esa propuesta, el PRI y legisladores de otros partidos también promueven varias versiones de una ley que abriría la puerta a que el Ejército y otras ramas de las fuerzas armadas participen en la implementación de la seguridad interior, un papel que los militares han desempeñado sin un marco legal desde hace una década, cuando se declaró la guerra contra el narcotráfico.
En este periodo se han disparado los casos de tortura y de asesinatos extrajudiciales. Según datos oficiales, las fuerzas armadas matan a más combatientes de los que hiere, una letalidad desmedida: la Marina, por ejemplo, mata a treinta personas por cada una que hiere, una proporción que según expertos indica que hay ejecuciones sumarias.
Pocos soldados son castigados si se pasan de la raya. De las 4000 quejas por tortura que ha revisado la Procuraduría General de la República desde 2006, solo 15 han resultado en condenas, lo que ha derivado en preocupación mundial sobre la impunidad y la disposición gubernamental para lidiar con los abusos a los derechos humanos.
“Esta ley es una respuesta a la pregunta que el mismo gobierno se hizo: ‘¿Las fuerzas armadas necesitan el respaldo de una legislación para seguir haciendo lo que hacen?’”, dijo Jan Jarab, el representante en México de la Comisión de la ONU para los Derechos Humanos. “Pero la pregunta correcta es: ‘¿Deberían seguir haciéndolo? ¿Ese paradigma militar ha sido exitoso?’. La respuesta, por una amplia y apabullante mayoría, es no”.
El impulso detrás de la iniciativa legislativa es un miedo profundo: que la delicada situación de seguridad en el país empeore, lo que de por sí afecta la imagen internacional de México.
El nuevo sistema jurídico, implementado con apoyo financiero y capacitación por parte de Estados Unidos, le da más protecciones a los acusados y requiere que se obtenga evidencia suficiente para detener a las personas. Pero los funcionarios critican que eso ha significado que los sospechosos quedan libres, para la frustración de fiscales, de la policía y hasta de ciudadanos.
“Como todo sistema de reciente implementación, resulta conveniente realizar ciertos ajustes para su debido funcionamiento”, según una declaración de la oficina de Peña Nieto. “Distintos operadores del nuevo sistema de justicia penal y organizaciones de la sociedad civil han manifestado la necesidad de hacer ajustes a la legislación que regula este sistema”.
El gobierno añadió que está totalmente comprometido con el respeto a los derechos humanos, que ha impulsado la implementación del nuevo sistema penal y que se ha capacitado “a todos los policías del país” para que cumplan con las nuevas normas.
Sin embargo, los críticos señalan que con las propuestas del gobierno se abandonarían los esfuerzos para entrenar a la fuerza policial y reforzar las reglas para recopilar evidencia, a cambio de una manera más expedita de lidiar con el crimen. Eso dejaría intacto uno de los problemas centrales para México: la impunidad.
“Si ves ambas leyes, queda claro que están encaminadas hacia el mismo propósito: que la policía tenga más poder y se dé una transición lenta del país hacia un Estado policial por medio de cambios legislativos”, dijo Javier Carrasco Solís, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal.
Cabe destacar que Estados Unidos no se ha pronunciado sobre las iniciativas a pesar de lo mucho que ha invertido para replantear el sistema de justicia mexicano: han ayudado a equipar salas de tribunales en todo el país y han capacitado a jueces, fiscales, oficiales de la policía y profesores de derecho.
La aprobación de la reforma penal en 2008 fue celebrada como un momento clave para el país a lo largo del espectro político; las decisiones jurídicas ya no serían opacas y parte de un sistema inquisitivo escrito poco claro. En cambio, el país podría moverse hacia un sistema acusatorio en el que fiscales y abogados de defensa presenten su evidencia en audiencias públicas.
Pero ese nuevo sistema también ha expuesto fallas profundas en la capacidad de las fuerzas del orden de recopilar evidencia e investigar casos. Los últimos ocho años de capacitación no han sido suficientes para cambiar las prácticas en México, donde las autoridades usualmente dependen en una confesión obtenida por medio de la tortura. Y varios funcionarios públicos han condenado los mayores requisitos para recopilar evidencia.
“Lo absurdo es que no permiten que se asiente la reforma de 2008 ni han permitido que sea manejada por los jueces”, dijo Fernando Gómez Mont, abogado y exsecretario de Gobernación, sobre el impulso gubernamental a la reforma.
Pese a todas las críticas contra el Ejército, también hay un sentimiento generalizado en México de que ninguna otra institución está lista para combatir al crimen organizado. Enviar a los soldados de regreso a los cuarteles crearía un vacío de seguridad, algo que los líderes del ejército han señalado cada vez que piden protecciones legales.
El presidente Peña Nieto apoya ambas iniciativas de ley, la penal y la de seguridad interior.
En 2014, el entonces procurador general Jesús Murillo Karam pidió una serie de cambios similares al sistema jurídico. En ese momento, como ahora, el esfuerzo coincidió con momentos de tensión y de distracción a nivel nacional, pues se dio apenas dos meses después de la desaparición de 43 estudiantes normalistas. Los opositores a los cambios previnieron su aprobación.
Hasta diciembre de 2016, cuando el presidente pidió a los legisladores que actualizaran el “marco legal” para las fuerzas armadas en labores de seguridad interior y que se trabajara “para corregir las deficiencias operativas” del nuevo sistema penal.
Para esos cambios, Peña Nieto recurrió a un aliado estratégico, el diputado César Camacho. Este redactó tanto la reforma penal como una de las versiones de la ley de seguridad interior.
Y está en una posición destacada para empujar la aprobación: fue una de las figuras que impulsó el sistema acusatorio de 2008. Aunque con la iniciativa actual se ha mantenido relativamente callado. Por ejemplo, en su participación durante el foro reciente “Nuevo Sistema de Justicia: ¿Qué falta para su consolidación?”, ni uno solo de los panelistas, incluido Camacho, siquiera mencionó las reformas propuestas.
Tras el foro, ante la pregunta sobre la reforma penal, Camacho sonrió y solo dijo: “Soy un postulante del sistema acusatorio y lo conozco por dentro. Lo que es necesario hacer es un ajuste para que se mantenga el respeto cabal de las garantías de las personas y darle al Estado mexicano instrumentos para que haya más eficacia”.
El diputado se ha pronunciado más sobre la ley de seguridad interior, que asegura beneficiará a los derechos humanos.
“La ley no tiene ninguna intención de militarizar al país”, dijo durante una entrevista en enero, “sino de darle certeza a los ciudadanos para que conozcamos los linderos de la actuación de las fuerzas armadas”.
Pero en vez de delimitar las operaciones militares, activistas alertan que la propuesta legislativa de Camacho extiende los poderes oficiales de las fuerzas armadas para que incluyan ciertas funciones policiales, como ejecutar órdenes de arresto, intervenir comunicaciones privadas, revisar escenas de crímenes y llevar a cabo tareas de inteligencia para las que podrían “hacer uso de cualquier método de recolección de información”.
La decisión de incorporar al ejército en el combate al narcotráfico ha sido desde el principio una admisión tácita de que la policía no puede lidiar con esa pelea; pues está asediada por la corrupción, la desorganización y la falta de capacitación, así, el Ejército quedó como la única fuerza capaz de confrontar la violencia y el poderío de los carteles.
Pero décadas de investigación demuestran que desplegar a las fuerzas militares ha empeorado la crisis en el país en vez de resolverla. Más allá de las violaciones a los derechos humanos, muchos argumentan que la estrategia ha sido fallida en términos de seguridad. La violencia en México de nuevo se aproxima a los niveles más altos de hace seis años.
Y nuevos estudios indican que la violencia aumenta cuando el ejército llega a una comunidad. Las tasas de homicidio han aumentado ocho por ciento en zonas donde hay despliegue y nueve por ciento donde está activo el Ejército, según el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
“Hemos pasado por la misma estrategia de militarizar la seguridad pública y ha sido un fracaso tremendo”, dijo Catalina Pérez-Correa, profesora del CIDE que estudia el tema. “No solo no ha disminuido la violencia, ahora hay evidencia de que ha empeorado la violencia en México”.
En México, según algunos estimados, hasta el 98 por ciento de los casos de homicidio se quedan sin resolver, por lo que la justicia siempre ha sido un blanco al que es difícil atinarle. Pero los expertos recalcan que el nuevo sistema penal es infinitamente mejor que el anterior. Aunque la ejecución sigue dependiendo de funcionarios civiles poco capacitados y que, en algunos casos, mantienen malos hábitos.
“No hemos hecho lo necesario para que el sistema funcione correctamente”, dijo el magistrado de la corte suprema José Ramón Cossío Díaz al diario local El Universal. “Creo que muchas personas están suponiendo que, porque tenemos salas de juicios orales” y “la escenografía, los juicios van a funcionar, pero esto no es una obra de teatro”.
El estado de Chihuahua fue el primero en hacer la transición al sistema acusatorio en 2008, y el primero en aprobar legislación estatal que esencialmente lo revierte tras el clamor entre oficiales en 2010 y 2011.
“Una reforma de este tamaño y relevancia requiere un proceso de transición complejo, un giro cultural, incluso un cambio generacional”, dijo Pablo González, juez chihuahuense. “Pero eso no significa que debemos dejar de encaminarnos hacia esa meta, sin importar qué tan compleja sea y cuánto tiempo nos tome llegar”.
Esencialmente, dijo, el implementarlo se trata de una elección: entre controlar el crimen con arrestos arbitrarios o encontrar algo que se asemeje más a la justicia.
“No podemos hacer esa apuesta, porque hay demasiado en juego”.
Una versión anterior de este artículo indicaba que las comunidades donde el CIDE halló que había aumentado la tasa de homicidios era aquellas donde estaba la Marina. El estudio se refiere en vez a zonas donde estuvo desplegado el Ejército.
