SAN SALVADOR — Verónica recogió la plastilina y se puso a crear figurillas humanas. A una le hizo varios hoyos pequeños en la cara antes de mostrarle la creación a su tía.
“Mira”, dijo la niña de 9 años, “así terminó Mamá”.
Verónica y su hermana viven escondidas desde febrero del año pasado después de ser testigos del asesinato de sus abuelos. Estaban haciendo sus deberes en la mesa del comedor cuando hombres enmascarados entraron a su hogar en Joya de Cerén, afuera de la capital salvadoreña, y dispararon contra Ana Díaz y José Marroquín –los únicos dos trabajadores de salud de la comunidad–. La pareja supuestamente daba información sobre actividad pandillera en su vecindario a la policía.
Poco después del homicidio de sus parientes, las niñas solicitaron junto con su padre el estatus de refugiados en Estados Unidos, una de las miles familias afectadas por la violencia en Centroamérica que ha buscado emigrar hacia ese país con un programa del gobierno de Obama.
Pero el lunes, el gobierno de Trump anunció una suspensión por cuatro meses de las solicitudes de asilo a Estados Unidos y redujo a la mitad el número de personas que podrán ser admitidas, de 110.000 a 50.000 para el año fiscal que empezó en octubre.
La mayoría de esos espacios ya no están disponibles: más de 37.000 refugiados han sido admitidos desde entonces y, a siete meses antes de que termine este año fiscal, solo hay un cupo para 12.700 personas.
El año pasado, las Naciones Unidas refirió hasta 100.000 solicitantes de asilo de todo el mundo para su reasentamiento en Estados Unidos. La nueva orden de Trump significa que todos ellos quedan en un limbo, a la espera de recibir uno de los pocos espacios todavía disponibles.
Verónica, su hermana y su padre se encuentran en esa situación. Han sido entrevistados cuatro veces desde que llenaron la solicitud de asilo, pero no han recibido información sobre el proceso desde hace meses.
Miembros de la MS-13 han hecho llamadas telefónicas amenazadoras a la familia, aseguran. Junto con sus tíos, dejaron sus hogares y pertenencias para huir. Pero solo hay ciertos lugares para esconderse en un país con un programa de protección de testigos que hasta los fiscales reconocen no puede ofrecer identidades nuevas o absorber a familias enteras. Ya se mudaron en dos ocasiones.
“No podemos permanecer en el mismo lugar”, dijo la tía de las niñas, Reina, quien vive con ellas pero no forma parte de la solicitud para refugio. “La semana pasada nos llamaron para decirnos que nos encontrarían sin importar bajo qué roca nos escondamos”.
Activistas migratorios y funcionarios en Centroamérica temen que mientras los funcionarios de seguridad nacional estadounidenses debaten los peligros de admitir a presuntos posibles terroristas disfrazados de refugiados –como ha sido el argumento contra los solicitantes de asilo sirios–, han ignorado a las decenas de miles de centroamericanos que viven aterrorizados por pandillas que se originaron en Estados Unidos.
En 2014, el gobierno de Obama estableció programas que ofrecen un estatus de ingreso especial a jóvenes centroamericanos, en un intento de reducir el flujo de menores no acompañados que hacían el peligroso trayecto hacia Estados Unidos. Uno de ellos permite que un padre con estatus migratorio legal que ya esté en ese país pueda solicitar santuario para los hijos que se quedaron en las naciones de origen.
Desde el arranque del programa, 11.000 personas han metido solicitudes y poco más de 2400 han sido admitidas a Estados Unidos, según el Departamento de Estado. En el primer mes del gobierno de Trump fueron admitidas 316 personas, según datos del departamento.
No obstante, la respuesta al proyecto ha sido lenta. Pocas personas metieron solicitudes debido a los difíciles requisitos de elegibilidad y a la lentitud del proceso. El programa fue expandido en julio de 2016 para incluir a otros integrantes de una familia, no solo niños.
Pero hay miles de adolescentes en El Salvador, Guatemala y Honduras que esperan huir porque diversas pandillas los han amenazado con reclutarlos, si son hombres, o violarlas, si son mujeres.
“Tengo un cliente que no ha salido de su casa desde julio”, dijo Berta Guevara, abogada del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador, que ayuda a los solicitantes de asilo.
“Un retraso de un mes para una persona que si es vista en un día cualquiera puede ser asesinada… pues cada día de espera es terrible”, añadió Guevara.
Incluso desde antes de que Trump anunciara la nueva política migratoria el lunes, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron que los agentes no habían aceptado casos nuevos, solo revisado solicitudes anteriores. Eso implica que el programa ha estado congelado desde antes del anuncio del 6 de marzo.
La nueva orden ejecutiva prolongará ese congelamiento por al menos 120 días, lo que deja con pocas opciones a varios menores de edad bajo amenaza en la región. ¿Deberían quedarse donde están o iniciar el trayecto largo y peligroso a la frontera sureste de Estados Unidos para solicitar asilo o alguna forma de alivio humanitario? Si lo hicieran, el resultado no es seguro.
“Hay una ambivalencia sobre si la situación centroamericana califica como una crisis de refugiados”, dijo Wendy Young, presidenta de Kids In Need of Defense (KIND, por su sigla en inglés), una organización de Washington, D. C., que ofrece asistencia legal gratuita a menores migrantes no acompañados. “Hay una percepción en el mundo actual de que los refugiados solo son quienes huyen de la guerra, y que la violencia de pandilleros y narcotraficantes no implica una guerra”.
A largo plazo, el programa establecido en 2014 por el gobierno de Obama también podría estar bajo amenaza debido a la dependencia en el visado humanitario, que permite a ciertos migrantes ingresar a Estados Unidos cuando no califican como asilados. Alrededor del 60 por ciento de las personas entrevistadas por el Departamento de Seguridad Nacional, de acuerdo con la dependencia, recibieron una recomendación para que obtengan el visado humanitario en vez del estatus de refugiado.
Pero el visado debe ser renovado cada dos años vía una revaluación del caso. Y los republicanos han criticado repetidamente la provisión, que aseguran es solo una manera furtiva para que los migrantes se queden en Estados Unidos. Los activistas y oficiales internacionales sobre migración temen que el programa sea retirado por Trump.
El nuevo presidente estadounidense ya dijo en una orden ejecutiva sobre seguridad fronteriza el mes pasado que hay un “abuso de las provisiones de asilo y acceso humanitario temporal”.
Reina, la tía de las niñas, dijo que ahora tiene más miedo que nunca debido a que se han llevado a cabo arrestos en el caso de los abuelos y que, en respuesta, han recibido más amenazas. “Me ofrecieron ayuda para salir del país, pero no puedo hacerlo hasta que las niñas estén a salvo”, dijo Reina.
Ya pidió un préstamo de 6000 dólares para que un coyote se lleve a Dallas a su hijo de 15 años, quien también presenció el asesinato de sus abuelos.
Óscar Torres, un fiscal que dirige la división de homicidios en la zona donde fueron asesinados los abuelos de Verónica, reconoció que toda la familia está en grave peligro sin importar si todos fueron testigos.
De las siete personas que participaron en el asesinato, cuatro están en prisión en espera de un juicio; una está siendo buscada; otra murió en un tiroteo con la policía, y una –menor de edad– salió bajo fianza. Entre los acusados está Gustavo de Jesús Vázquez Nerio, conocido como el Tigre, un cabecilla de pandillas. Los pandilleros tienden a matar a las familias de posibles testigos, particularmente cuando un líder ha sido acusado en el caso.
“Si llegan a ser sentenciados, no les va a gustar que su líder haya sido condenado, entonces la familia es un blanco”, dijo Torres. “¿A dónde más puede ir esta gente? ¿Qué otro camino les queda?”.
