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RT en Español | ¿Qué pasa, Latinoamérica? Primer episodio: #México > Monopolios mediáticos vs redes sociales. ¿Quién tiene el poder? | 3 julio 2017


Familiares exigen justicia para los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ciudad de México, México, 6 de mayo de 2017. Henry Romero / Reuters

Recientemente, varios países latinoamericanos se animaron a cuestionar el poder de los grupos monopólicos que, hasta ahora, decidían qué miramos, cómo lo miramos y cuándo lo miramos. Al mismo tiempo, las redes sociales crecieron como nunca antes y empezaron a disputarle a los grandes medios de comunicación la potestad de informar.
Por primera vez en mucho tiempo, se puso sobre la mesa que la información es un derecho humano y los latinoamericanos empezaron a denunciar las mentiras de los grandes medios de comunicación.

El caso de Ayotzinapa

Un claro ejemplo de ello es el caso de Ayotzinapa. Cuando los 43 estudiantes mexicanos desaparecieron, al principio los medios lo silenciaron, pero las movilizaciones fueron tan grandes que, al final, el Gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo que dar una versión de los hechos —la llamada 'Verdad histórica'—, aunque no todos se la creyeron.
En México, el mapa de medios está claro: el poder se lo disputan dos gigantes, TV Azteca y Televisa, que pelean por una audiencia de más de 130 millones de habitantes.




#Ayotzinapa, #NiUnaMenos, #30S, #Gasolinazo: los medios en #Latinoamérica siguen concentrados y las redes sociales no paran de crecer. ¿Son el camino para garantizar el derecho a la comunicación? Conozca el caso de #México en el primer episodio de '¿Qué pasa, Latinoamérica?'.



Durante medio siglo, los mexicanos solo vieron lo que les querían mostrar pero, en un momento, la audiencia despertó para pedir derecho de réplica y que se abran las puertas para que los padres de familia puedan exponer en los medios de comunicación los puntos que los tienen inconformes.
"Se han dicho muchas mentiras por las televisoras, que son como portavoces del Gobierno", denuncia la activista Leticia Estrada, quien explica que lo que exigían era que les dieran "el derecho a la voz" a los padres y a los normalistas "para que digan la verdad".

"Rebelión y hartazgo ciudadano"

Así, mientras la televisión seguía callada, el tema explotaba en las calles, los medios alternativos y las redes sociales.
El periodista Jenaro Villamil señala a RT que el ascenso de las redes sociales ha sido "vertiginoso" e "impresionante" en México, sobre todo desde finales de 2014, a raíz de la crisis de Ayotzinapa. Desde entonces hasta la fecha, ha habido una "auténtica rebelión ciudadana" fruto del "hartazgo" expresado "en las redes digitales".
Mientras tanto, los medios mostraron el caso totalmente tergiversado. "Decían que éramos rojos, que éramos de un grupo de delincuencia organizada" pero, con el tiempo, aprendieron "a no hacer tanto caso" de lo que digan los medios de comunicación, pues ya habían visto cómo estigmatizaban "otros movimientos sociales" y "a otros luchadores" sociales, incluidos "defensores de derechos humanos, periodistas, migrantes y mamás que buscan a sus desaparecidos en todo el país", recuerda Omar García, uno de los supervivientes de Ayotzinapa. 

¿Somos ciudadanos informados y libres?

La situación en México es muy clara, pero el panorama en la región no es mucho mejor. Por eso, todavía hablan de "incidentes" cuando, en realidad, es represión; hablan de "libertad de expresión", cuando no dudan en hacer callar las voces; ponen "institucionalidad", cuando se trata de un golpe de Estado; titulan "vandalismo", cuando lo que hay es lucha por igualdad de derechos; y ponen noticias de delincuencia en vez de hablar de desigualdad.
En estas circunstancias, las preguntas que surgen son: ¿Alcanzan las redes sociales para mostrarnos el otro lado de las cosas? ¿O, en realidad, solamente se está creando un nuevo monstruo de concentración de poder? ¿Somos ciudadanos realmente informados? ¿Somos ciudadanos libres?
(Tomado de RT en Español)

The New York Times | La investigación de Ayotzinapa en tiempos de corrupción | Por FRANCISCO GOLDMAN 2 marzo, 2017




Padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa protestaron en
Ciudad de México después de 29 meses de la desaparición de sus hijos. CreditMario Guzman/European Pressphoto Agency












NUEVA YORK – La llamada telefónica que hace unas semanas le hizo el presidente Donald Trump a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto; ha sido muy comentada. Los medios informaron que durante esa conversación, Trump dijo que si las tropas mexicanas tenían miedo de enfrentar a los “bad hombres”, él mandaría tropas estadounidenses para encargarse del trabajo.
El problema del enfoque mexicano en el combate a la violencia no es el miedo —es decir, que las autoridades le teman al crimen organizado—, sino la complicidad, tal como muestra el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, sucedido en septiembre de 2014 y que sigue sin resolverse.
Las evidencias recolectadas por un equipo internacional de cinco expertos legales conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, que pasó 14 meses en México monitoreando la investigación gubernamental, demuestran varios grados de complicidad con el crimen, desde el nivel más bajo de los policías municipales acusados de haber secuestrado a los estudiantes, hasta los poderosos funcionarios del gobierno, pasando por las autoridades federales y militares. El problema de encubrir al crimen organizado, exige soluciones legales y políticas, incluyendo la cooperación transfronteriza, en lugar de acciones militares.
El 9 de febrero, la Procuraduría General de la República anunció los resultados finales de una investigación interna sobre su manejo del caso Ayotzinapa. Una revisión anterior, que nunca fue aceptada por el procurador, concluyó que la investigación presentaba muchas fallas e incluso había violado la ley. El nuevo reporte exculpa a la procuraduría y defiende su teoría original sobre el crimen, pese a que otros investigadores la han refutado contundentemente. Al conocer el informe, los familiares de los estudiantes lo denunciaron como parte de un encubrimiento.
La desaparición de los estudiantes causó un gran impacto en México y gran parte del mundo. Anteriormente, el gobierno de Peña Nieto había tomado medidas para mitigar las críticas internas y externas sobre su ineptitud en el manejo del caso al permitir que el equipo internacional llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes realizara una investigación. Ahora parece que al gobierno no le importan las críticas internacionales a su nueva línea dura, o tal vez prevé que van a disminuir.
¿O podría ser que las beligerantes amenazas de Trump han puesto al gobierno de Peña Nieto en el papel de víctima, despertando la compasión de los ciudadanos?
Aunque los niveles de aprobación de Peña Nieto se han desplomado hasta el 12 por ciento, los mexicanos, ofendidos en su orgullo patrio, han alentado a su gobierno para que desafíe al presidente estadounidense. Tal vez los gobiernos y organizaciones internacionales que anteriormente habrían querido denunciar la corrupción mexicana y la complicidad oficial en crímenes contra los ciudadanos ahora se sienten limitadas y busquen acallar las críticas, con el fin de no echar más leña al fuego de Trump.
“México está erigiendo su propio muro en contra de la verdad”, me escribió Carlos Beristáin en un correo electrónico, el mismo día en que la procuraduría se absolvió a sí misma de cualquier delito. Beristáin, un médico español e investigador sobre derechos humanos, fue uno de los expertos del grupo interdisciplinario que en marzo de 2015 comenzó a trabajar en el caso de Ayotzinapa. Recientemente publicó un recuento con información privilegiada obtenida por el grupo en el cual se narra, de la manera más clara hasta el momento, lo que sucedió la noche en que se secuestró a los 43 estudiantes en Iguala, al noroeste de Ayotzinapa, en buses que ellos habían tomado para dirigirse a una manifestación en Ciudad de México. El libro también incluye una dramática descripción de la conducta criminal por parte del investigador federal encargado del caso.
La teoría del gobierno es que los policías municipales entregaron a los estudiantes a miembros del grupo de traficantes de heroína llamado Guerreros Unidos, quienes quemaron los cuerpos de los estudiantes y se llevaron los restos en bolsas de plástico que lanzaron al río San Juan.
El 29 de octubre de 2014, Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría, junto con otros miembros de su equipo y oficiales de la marina mexicana, realizaron una búsqueda en el río y encontraron una bolsa negra de plástico, abierta sobre la orilla. Un fragmento de hueso carbonizado recolectado de esa bolsa ha dado el único resultado positivo de coincidencia con el ADN de un estudiante desaparecido, Alexander Mora Venancio, de 20 años. La investigación del gobierno se sustenta en ese fragmento de hueso.
La primavera pasada, puesto que el grupo interdisciplinario sabía que el gobierno mexicano no renovaría su contrato para permanecer en el país y por lo tanto se apuraba para terminar su informe final, a Beristáin le mostraron unas fotografías y un video tomados por tres fotoperiodistas que, usando teleobjetivos, habían tomado fotos en el río el 28 de octubre, es decir, el día anterior a la búsqueda oficial. Fotografiaron a un grupo de hombres de la procuraduría parados sobre un puente, viendo hacia una bolsa negra de plástico abierta y una bolsa blanca que se encontraban en la orilla.
Después de que esos hombres y los efectivos de la marina dejaron el lugar, Zerón llegó en helicóptero junto con un miembro de la pandilla de narcotraficantes que había sido detenido y otros dos hombres. Las fotos los muestran en la orilla, en el sitio donde al día siguiente se descubrió la bolsa negra con el fragmento de hueso. Al día siguiente, la bolsa con la prueba clave del caso se había movido 70 metros río abajo, y a la orilla contraria. El mes pasado, en Ciudad de México, Beristáin me dibujó un mapa sobre una servilleta para mostrarme lo ocurrido.
Él convocó a sus colegas del grupo para que vieran las imágenes, todas ellas datadas digitalmente el 28 de octubre. La presencia de Zerón y otros en el río nunca se integró al archivo del caso, como tampoco se registró que el jefe de la investigación oficial había llevado a un testigo detenido sin abogado defensor. El informe final del grupo, escrito en estricta jerga legal, no incluyó el relato detallado de esas imágenes que sí está en el libro de Beristáin, sino que solo señaló violaciones a los procedimientos legales por parte de Zerón. Eso le costó el cargo (Peña Nieto lo transfirió a un nuevo puesto) y dio pie a la primera revisión interna en la procuraduría. En su nuevo informe, las autoridades desestiman las acciones de Zerón, presentándolas como meras “infracciones administrativas”.
Uno de los descubrimientos cruciales del grupo interdisciplinario fue que los estudiantes no tomaron cuatro autobuses, como había sostenido el gobierno, sino cinco. En 2014, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a una célula de Guerreros Unidos en Chicago de transportar heroína desde Guerrero en autobuses comerciales. ¿Habían tomado tontamente un bus acondicionado para transportar la heroína? Eso podría explicar por qué los estudiantes fueron víctimas de tanta violencia. La Fiscal General de Estados Unidos en ese entonces, Loretta E. Lynch ofreció compartir información sobre el caso de tráfico de heroína de Chicago, pero la procuraduría mandó sus preguntas varios meses después, cuando la estancia del grupo en México se agotaba.
El ofrecimiento de Lynch es un ejemplo de la colaboración binacional requerida para combatir esos crímenes transnacionales. ¿Será que el nuevo Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions renovará el ofrecimiento de Lynch, o que presionará para que se descubra la verdad del caso Ayotzinapa y para que se realicen las urgentes reformas judiciales que Estados Unidos ha estado ayudando a financiar? ¿O será que el muro que ya se ha edificado entre los dos gobiernos estará al servicio, por lo menos de ciertas maneras, de intereses en ambos lados?
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The New York Times | En un nuevo informe, México niega un mal manejo de la investigación de Ayotzinapa | Por PAULINA VILLEGAS y ELISABETH MALKIN 11 febrero 2017


Familiares de los normalistas desaparecidos con otros manifestantes en Guadalajara el 26 de septiembre de 2016, el segundo aniversario de la desaparición de los estudiantes CreditHector Guerrero/Agence France-Presse — Getty Images


























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CIUDAD DE MÉXICO – La versión final de un informe del gobierno mexicano sobre la conducta de quienes investigaron el caso de 43 estudiantes desparecidos rechaza un informe anterior que halló que esos mismos funcionarios habían roto la ley por un mal manejo de algunos sospechosos y de la evidencia.
El informe original describía serias fallas en la investigación, como el arresto ilegal de sospechosos clave, por lo que amenazaba los fundamentos del caso legal del gobierno. Ese primer informe, además, representaba la primera vez que el gobierno reconocía que hubo errores en la pesquisa. El nuevo informe, a cargo de otro funcionario, aminora el efecto de estas violaciones, y la versión oficial queda intacta.
Las acciones de los investigadores fueron solo violaciones “técnicas”, dice el nuevo documento, preparado por el inspector general de la Procuraduría General de la República y el cual fue entregado el jueves 9 de febrero a los familiares de los estudiantes desaparecidos.
El informe final “es un claro ejemplo de que está cubriendo algo y diluyendo” las responsabilidades de los investigadores, dijo Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y quien representa legalmente a las familias.
“Sentimos que la prioridad del gobierno ya no es encontrar la verdad sobre lo qué pasó con los estudiantes, sino que están más preocupados con esconder las razones detrás de un encubrimiento histórico”, añadió Patrón.
La desaparición de los estudiantes sacudió al gobierno de Enrique Peña Nieto y se convirtió en un emblema de la incapacidad de México de proveer seguridad a sus ciudadanos, así como de sus fallas para enfrentar la corrupción que asedia la ejecución de la ley.
Expertos externos repetidamente cuestionaron el manejo de la investigación por parte del gobierno en las semanas después de que los estudiantes desaparecieran, el 26 de septiembre de 2014, lo que llevó al estudio interno.
La versión final de este fue completado en agosto, pero nunca obtuvo el visto bueno del procurador general. The New York Times consiguió una copia en diciembre.
Los familiares de los estudiantes condenaron lo que calificaron como un intento de presentar en una mejor luz la investigación federal.
“El problema es que la evidencia fue manipulada y toda la investigación fue manipulada y ahora niegan el derecho a la verdad de 43 familias”, dijo Mario González, el padre de uno de los estudiantes desaparecidos.
Los procuradores mexicanos argumentan que los estudiantes fueron sacados de autobuses por policías locales y entregados a un grupo narcotraficante, Guerreros Unidos, que los mató e incineró sus cuerpos en un tiradero de basura en Cocula. Los integrantes del grupo delincuente fueron ordenados a recoger las cenizas en bolsas de plástico y a tirar estas a un río.
Pero el caso del gobierno está fundamentado en buena medida en los testimonios de personas sospechosas de ser miembros de Guerreros Unidos que fueron detenidos en una redada en la ciudad sureña de Iguala, donde desaparecieron los estudiantes, que acudían a la escuela de maestros Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
“El problema es que la evidencia fue manipulada y toda la investigación fue manipulada y ahora niegan el derecho a la verdad de 43 familias”.
MARIO GONZÁLEZ, PADRE DE UNO DE LOS ESTUDIANTES DESAPARECIDOS
El año pasado, un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pusieron en tela de duda buena parte de la evidencia usada para presentar la versión del gobierno.
Los cinco expertos detallaron pruebas que mostraban que 17 de los sospechosos clave fueron torturados y que comandantes del batallón local del ejército y la policía federal estaban al tanto de los ataques policiales contra los estudiantes, pero que no hicieron nada. El grupo de expertos también descartó la teoría de que un incendio tan intenso como el necesario para incinerar los cuerpos se hubiera registrado en el basurero de Cocula.
Por último, hallaron que el investigador en jefe, Tomás Zerón de Lucio, había llevado a uno el 28 de octubre de 2014 a uno de los sospechosos, Agustín García Reyes, al margen del río San Juan –donde presuntamente fueron tirados los restos– sin registrar esa visita en el archivo del caso.
El día siguiente a esa visita fue hallado un hueso en el banco del río, el cual después fue identificado como perteneciente a uno de los estudiantes, lo que desató sospechas entre los familiares de que la evidencia fue plantada.
La visita no registrada de Zerón llevó al a investigación interna del inspector general de la PGR. Aunque las familias dijeron que podrían ver el informe el 18 de agosto, fue retenido en el último minuto y nunca publicado.
El inspector César Alejandro Chávez Flores renunció repentinamente cuatro semanas después. La entonces procuradora Arely Gómez también dimitió en octubre para convertirse en secretaria de la Función Pública.
El primer informe presentaba una imagen de disfunción en la investigación: seis sospechosos fueron levantados en un día y espontáneamente confesaron –usando prácticamente las mismas palabras– que eran miembros de Guerreros Unidos. Sus arrestos, fundamentados en las declaraciones idénticas, fueron arbitrarios e ilegales, indicó el reporte original.
Zerón llevó a García Reyes al río San Juan sin que estuviera presente un abogado y luego dejó sin vigilancia la escena del crimen, según la investigación. Varias fechas fueron cambiadas y documentos perdidos.
El informe concluyó que la conducta de Zerón, además de las acciones de los procuradores y técnicos forenses en los días antes y después de la visita al río San Juan, violaban el derecho a la justicia de las víctimas. Pidió una investigación más a fondo para determinar si esa mala conducta debía conllevar sanciones penales.
Pero el contenido del reporte final entregado a las familias el 9 de febrero es muy distinto.
Indica que los arrestos de los seis sospechosos fue legal y que la visita de Zerón al río San Juan fue una infracción meramente administrativa. Adriana Campos López, quien remplazó a Chávez Flores como inspector general, dijo a los padres de las víctimas que los investigadores tenían prisa para resolver el caso, y que eso llevó a Zerón al banco del río.
Las familias y allegados de las víctimas rechazaron esas declaraciones.
“La nueva inspectora general nos dio una resolución que básicamente se burla de las familias de los 43”, dijo González, el padre de uno de los estudiantes desparecidos.