El Senado de Texas ha aprobado una ley que impide que los padres denuncien a los médicos en el caso de que su bebé nazca con malformaciones o discapacidad, incluso cuando éstas pudieron ser detectadas durante pruebas rutinarias a lo largo del embarazo. Numerosas organizaciones han expresado su rechazo a la legislación porque entienden que da permiso a los médicos para ocultar a las embarazadas información sobre el feto si creen que, al conocer esos detalles, considerarían la opción de abortar.
La normativa de Texas, que debe ser ratificada aún por la Cámara de Representantes estatal, es el último eslabón de una cadena de iniciativas estatales para regular el acceso al aborto en Estados Unidos. A pesar de estar legalizado desde 1973, el aborto es responsable de una de las mayores divisiones en la sociedad norteamericana y año tras años concentra ante los tribunales a sus defensores y detractores.
Los críticos con el proyecto de ley de Texas argumentan que permite legalmente que los médicos que se oponen al aborto impongan sus creencias a la hora de informar a sus pacientes, ya que pueden ocultar malformaciones fetales o rebajar la gravedad de otras dolencias. Sus defensores, sin embargo, aseguran que es necesaria porque protegerá los derechos de niños con discapacidades así como a los médicos en el caso de demandas por negligencia.
“La legislación emite el mensaje de que Texas no cree que una vida pueda ser considerada como un perjuicio por el que los padres deban ser indemnizados”, defendió el senador estatal Brandon Creighton, principal impulsor del texto. Creighton sostiene que la ley es necesaria para impedir que los médicos asuman responsabilidades por “discapacidades que ellos no provocaron”.
El aborto fue regulado en EE UU en 1973 a través de una sentencia del Tribunal Supremo que reconoció el derecho a abortar en los tres primeros meses de gestación. El dictamen también estableció que los Estados pueden limitar su acceso a partir de las 12 semanas y la mayoría lo prohíbe a partir del plazo en que se considera que el feto puede sobrevivir fuera del vientre de la madre. Algunos gobiernos estatales, como Arkansas, han limitado el aborto desde el momento en que se puede detectar el latido del corazón del feto, después del primer trimestre.
El de Texas es uno de esos intentos, a pesar de que una de sus leyes fue declarada anticonstitucioinal el año pasado por el Tribunal Supremo. La última ley se apoya en un caso de 1975 en el que una mujer que padeció la rubéola durante el primer trimestre de embarazo, y cuyo bebé nació con defectos en varios órganos, demandó posteriormente a su médico porque no le informó de los efectos que podía tener la enfermedad en el feto. La Justicia ordenó que los padres fueran indemnizados económicamente con una suma que debía cubrir los gastos médicos del bebé.
Los republicanos de Texas aseguran ahora, más de 40 años después, que está ley sentó precedente al definir algunos nacimientos como “improcedentes”. El senador republicano Creighton afirmó durante el debate que “es inaceptable que los doctores sean penalizados por defender la santidad de la vida”. Pero sus detractores han visto en el texto una iniciativa más para imponer los valores religiosos de los médicos al derecho de las madres a conocer todos los detalles de su embarazo y tomar una decisión en el caso de que el bebé sufra malformaciones.
La Cámara de Representantes de Texas también ha aprobado esta semana un segundo proyecto de ley que limita las técnicas que pueden emplear los médicos en el caso de abortos en el segundo trimestre. Este texto también ha sido criticado porque las alternativas suponen un mayor riesgo para la salud de las mujeres y aumenta la probabilidad de que deban seguir adelante con el embarazo incluso cuando el feto no pueda sobrevivir al parto.
“Los legisladores de Texas continúan sus ataques a la relación entre médicos y pacientes así como nuestros derechos reproductivos”, asegura la presidenta de la organización NARAL en el Estado. “Esta ley es un intento de prohibir el aborto, estigmatizar a las ciudadanas que tengan abortos y penalizar la práctica de la medicina”.
Texas cuenta con algunas de las leyes más restrictivas en acceso al aborto. El Estado requiere que las mujeres se sometan a una ecografía antes de abortar y los médicos están obligados a mostrar y describir la imagen del feto antes de proceder con la interrupción del embarazo. Ésta sólo se puede realizar después de cumplir las 20 semanas de gestación en el caso de que haya peligro para la vida o la salud de la madre o si el embarazo es inviable. El Instituto Guttmacherasegura que esta limitación se basa en pruebas científicas cuestionables que defienden que el feto puede sufrir dolor en ese período de la gestación.
