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BBC Mundo | El país en el que los estudiantes pasaban todos los exámenes haciendo trampa y qué pasó cuando les impidieron hacerlo | Bill Hicks BBC 1 abril 2017

Una mano con fórmulas matemáticasDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Es un enigma. Uno se imagina que un sistema de exámenes menos corrupto permite que las habilidades de los estudiantes brillen independientemente de su estatus económico.
Se creería que los exámenes no distinguen entre ricos y pobres.
Pero un estudio sobre una campaña anticorrupción exitosa en Rumania reveló que surtió precisamente el efecto contrario: los estudiantes más pobres se desempeñaron peor en las pruebas una vez las artimañas fueron desmanteladas.
La investigación fue llevada a cabo por un equipo de tres economistas, incluyendo la doctora Oana Borcan de la Universidad de Anglia del Este, en Inglaterra.
Borcan había atestiguado la corrupción cuando era estudiante del último año de bachillerato en Rumania en 2006.
Cuenta que cuando se preparaba para presentar el examen para convertirse en bachiller la corrupción era muy evidente. Esa prueba determinaría si podía avanzar en el sistema educativo y llegar a las universidades élite del país.
La trampa, dijo Borcan, era "descarada". Gran parte sucedía abiertamente.
"La mañana anterior al examen, los estudiantes iban recolectando dinero, una pequeña contribución para dársela a los vigilantes (que supervisarían los exámenes). Algunos alumnos daban, otros no. Era voluntario".
"Recuerdo ver a estudiantes que sabía que tenían, en general, calificaciones bajas, sacar los puntajes más altos. Eso me dejó una impresión muy fuerte y duradera".
Tan fuerte que, de hecho, jugó su parte en la dirección que tomaría su propia carrera.

Respuestas idénticas

La trampa llegó a tal punto que en 2010 cientos de estudiantes entregaron las planillas de respuestas idénticas.
Biblioteca de la Universidad Central de BucarestDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionRumania ha implementado medidas muy duras contra la corrupción durante la presentación de los exámenes para que sus estudiantes obtengan el título de bachiller.
Fue entonces que se encendieron las alarmas y la tormenta mediática que se desató llevó a procesamientos judiciales de funcionarios de alto perfil.
Como consecuencia, el gobierno introdujo medidas anticorrupción contundentes para la presentación de exámenes en el futuro.
Instalaron sistemas de monitoreo de cámaras de circuito cerrado en los salones donde se presentaban los exámenes y una gama de castigos severos fue publicitada ampliamente para disuadir a quienes tuvieran la intención de hacer trampa.
280 maestros y estudiantes fueron procesados, 99 de los cuales recibieron sentencias de prisión de entre 6 meses y 5 años
Oana Borcan, Universidad de Anglia del Este
Las penalidades iban desde multas o perder el trabajo hasta sentencias en prisión. A los estudiantes que sorprendieran haciendo trampa no se les iba a permitir volver a presentar el examen, una sanción menos drástica, pero muy problemática.
"Hubo muchos juicios", indicó Borcan.
"Según los informes de la Dirección Anticorrupción, entre 2010 y 2013, 280 maestros y estudiantes fueron procesados, 99 de los cuales recibieron sentencias de prisión de entre seis meses y cinco años".
Todo indicaba que la campaña anticorrupción estaba funcionando.
Para 2012, la tasa promedio de aprobados se había reducido a la mitad en comparación con el año 2009: de más de 80% a 43%.
Los puntajes promedio previos a la campaña se desplomaron y se estabilizaron.

El efecto de las cámaras

Los resultados fueron recibidos con beneplácito en general.
CámaraDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionUn efecto de disuasión: cámaras en los salones donde se presentan los exámenes.
Sin embargo, el estudio de la doctora Borcan y sus coautores, Mikael Lindahl y Andreea Mitrut de la Universidad de Gotemburgo, Alemania, buscaba determinar cuán efectivos habían sido los diferentes aspectos de la campaña.
Utilizaron rigurosos análisis estadísticos de la información emanada de cada uno de los 43 municipios de Rumania.
Factores potenciales que pudieran afectar los puntajes fueron eliminados a través de grupos de control y por medio de la comparación de los resultados en diferentes áreas en las que, por ejemplo, las cámaras de circuito cerrado fueron introducidas en años diferentes.
En general, los investigadores encontraron que las cámaras fueron las responsables de hasta 50% de la caída total de las tasas de aprobados.
Pero fue la combinación de este monitoreo con la amenaza real de castigo más una cobertura mediática fuerte lo que hizo que la campaña fuera tan efectiva.
Borcan y sus colegas también compararon los hallazgos con campañas similares contra la corrupción en países como Moldavia, que tenía problemas similares de trampas en los exámenes, así como también de Camboya e India.

Lo que no se esperaban

El resultado que terminó siendo como una bomba en esta investigación, sin embargo, fue revelado cuando analizaron el impacto de la campaña en términos del estatus socioeconómico de los estudiantes.
Salón de clase
Image captionEn teoría en los salones donde se presentan los exámenes: todos son iguales.
Las tasas de aprobados de los estudiantes más pobres (alumnos receptores de asistencia financiera) cayeron en 14,3%, comparado con 8,1% de los estudiantes en mejores situaciones económicas.
Los puntajes generales también disminuyeron desproporcionadamente.
Como resultado, los investigadores concluyeron que "la campaña anticorrupción terminó aumentando la desigualdad entre los estudiantes pobres y los que no lo son, y eso redujo significativamente sus posibilidades de ingresar a la educación superior".
Los investigadores admitieron que ese hallazgo los sorprendió y les costó determinar las posibles razones.
La causa más probable, emergió en el estudio, fue que las formas "colectivas" y "pequeñas" de corrupción, como las que atestiguó Borcan cuando era estudiante, tuvo un efecto curioso: si bien eran pagadas por estudiantes de familias acomodadas, que podían sobornar a los vigilantes, sus beneficios eran compartidos por todos.
Le daba a los estudiantes más pobres "un pasaje gratis" a las calificaciones altas.
Eso también significó que al impedir la trampa, las ventajas académicas de los estudiantes más privilegiados en términos financieros se volvieron aún más evidentes.

Efecto nivelador

Las trampas de una u otra forma proporcionaban un tipo de efecto nivelador.
EstudiantesDerechos de autor de la imagenPA
Image captionAunque el programa rumano ha tenido efectos positivos, el gobierno aún tiene lecciones que aprender.
"Hay un aspecto positivo en todo esto", indica la investigadora. "Cuando la corrupción era generalizada, no podíamos saber cuál era la escala real de la desigualdad. Nuestros hallazgos revelaron cuán amplia la desigualdad es realmente".
"Consciente de la brecha real, el gobierno puede frenar la fuente de la desigualdad".
La investigación planteó además cuestionamientos más amplios, por ejemplo, sobre cuán sabio es tener una dependencia tan fuerte en un examen de "alta participación" para ingresar a la universidad.
Aunque hasta ahora la investigadora no ha tenido ninguna respuesta directa del gobierno rumano, espera que un nuevo gobierno y un nuevo ministro de Educación tomen en cuenta los hallazgos de su investigación.
"Espero que sostengan el debido diálogo y que seamos capaces de formular las preguntas que las autoridades necesitan responder", señaló la experta.

EL PAÍS | Rumania, un país gangrenado por la corrupción | MARÍA R. SAHUQUILLO 12 febrero 2017


Los rumanos se rebelan contra un problema aún muy arraigado en el sistema, que ha llegado a provocar muertes



Teddy Ursulescu ha perdido los dedos de la mano izquierda y parte de los de la derecha. Ya apenas tiene sensibilidad en los brazos. Tampoco en las piernas. Gruesas y rugosas cicatrices le cubren las extremidades y siguen su recorrido bajo la camiseta de tirantes negra que viste. Son las señales exteriores provocadas por las llamas que asolaron el Club Colectiv de Bucarest en octubre de 2015, un local de música al que la joven había acudido con un grupo de amigas para ver un concierto. Teddy, una joven arquitecta, no las oculta. Son la marca de que logró sobrevivir a la tragedia. “Dentro de la sala murieron 27 personas. La gente estaba atrapada, se quemaba, se ahogaba”, susurra en el salón de su casa de Bucarest. Teddy cumplió ayer 30 años.

Aquel horrible incendio que ella sufrió destapó un enorme caso de corrupción en Rumania. El Colectiv no se acercaba siquiera a las condiciones mínimas para funcionar. Y pese a todo, lo hacía gracias a los sobornos y comisiones que pagaba a la Administración, según la investigación de la fiscalía. El escándalo —que derribó al Gobierno rumano— supuso un punto y aparte en el país. Le hizo consciente de que la corrupción puede ser mortal. El Colectiv, tristemente, ilustra también el alcance de los tentáculos de este problema.


Porque días, semanas después del incendio, otros 37 afectados del suceso en el club perdieron la vida en los hospitales rumanos, la mayoría por terribles infecciones hospitalarias; una tasa altísima. Sus muertes y la investigación posterior dejaron al descubierto un sistema de salud gangrenado por la corrupción, donde era frecuente que las condiciones inadecuadas de los centros se pasaran por alto en inspecciones amañadas —o inexistentes—, y en el que las comisiones a los gerentes y los propios médicos son algo habitual. También desenmascaró que un laboratorio farmacéutico rumano, Hexi Pharma, había estado años vendiendo a precios altísimos productos de desinfección hospitalaria diluidos y, por tanto, inservibles. Suministraba a 350 centros del país, incluido el Hospital de Quemados de Bucarest, donde ingresaron la mayoría de los heridos del Colectiv y en el que también estuvo Teddy hasta que fue trasladada a Viena, donde llegó con una infección muy resistente que no estaba declarada en su informe médico.En ese centro, una antigua maternidad reformada, murió Alexandru Iancu, de 22 años. Un joven de pelo largo y mirada lánguida, amante del rock y de la poesía, que pasaba casi todo su tiempo libre tocando la guitarra. Sobre todo las canciones de Goodbye to Gravity, la banda que tocaba en el Colectiv la noche de la tragedia. “Cuando sobrevivió al incendio de la discoteca llegamos a creer que lo superaría. No pensamos que tres semanas después moriría de una infección”, se lamenta su padre, Eugen. “Mi hijo Alexandru ha sido una víctima de la corrupción por duplicado: primero en el Colectiv y después en el hospital. Lo que ha ocurrido muestra hasta qué punto la corrupción puede llegar a matar”, reclama Eugen Iancu, que ahora preside una asociación de afectados por lo ocurrido.
Las familias buscan responsabilidades. "Esperamos que este caso, en el que hay involucrados varios procesos, provoque un cambio legal para que no vuelva a pasar nada similar", remarca Antoniu Obancia, el abogado de Iancu y otras 19 víctimas o familiares, que apunta que el del Colectiv es uno de los procesos más importantes de los últimos 25 años. Su despacho, Zamfirescu Racoti & Partners, que suele defender a quienes están sentados del otro lado, a los acusados de corrupción, lleva el caso de forma gratuita.



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Eugen Iancu con una foto de su hijo Alexandru. M. R. S.,


Rumania ocupa el puesto 57 del ranking de Transparencia Internacional, que mide la corrupción de 197 países. Allí, las comisiones, los sobornos o las situaciones que involucran conflictos de interés son algo abrumadoramente común. Y aunque la situación ha mejorado, como indica el mismo índice y según el último informe de la Comisión Europea —que audita al país en este punto desde su adhesión hace 10 años—, nueve de cada 10 ciudadanos siguen considerando la corrupción como un problema grave. De hecho, dos de cada tres rumanos aseguran haber pagado o recibido dinero para acelerar un trámite oficial, obtener atención sanitaria o incluso para garantizarse una buena educación.
Muchos de estos ciudadanos salieron a la calle para protestar contra lo ocurrido en el Colectiv. Y volvieron a hacerlo de nuevo, esta vez en masa, para clamar contra la corrupción y contra un Gobierno que intentó rebajar la lucha contra esta lacra por decreto. Las manifestaciones, las mayores en el país desde la caída de la dictadura de Nicolae Ceaucescu, hace 27 años, lograron la retirada de la ley que despenalizaba algunos casos de corrupción, y han sido un revulsivo para Rumania y para el resto de Europa.


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El fotógrafo Miluta Flueras, herido en el incendio del Colectiv. M. R. S.,


"La gente le ha declarado la guerra a la corrupción a todos los niveles", afirma Miluta Flueras. Este ingeniero de 33 años, también se encontraba en la sala de conciertos la noche del incendio. Fotógrafo a tiempo parcial y amigo del grupo Goodbye to Gravity, estaba haciendo las fotos del espectáculo. Resultó herido con quemaduras de segundo y tercer grado en el 30% de su cuerpo. Hoy, tras seis meses de baja, se ha recuperado prácticamente y ha participado activamente en las protestas contra el Ejecutivo del Partido Socialdemócrata y su "desvergonzada" intención de dar marcha atrás en la lucha anticorrupción.
“Después de estos escándalos mortales, la reforma legal se ha visto como una maniobra aún más dañina; intolerable”, apunta también Codru Vravie, experto legal de Funky Citizens, una plataforma que analiza la transparencia en Rumania. Vravie apunta que, pese a que es la Administración el sector más afectado —pagos por documentos, comisiones por contratos, uso de materiales inadecuados o a precios inflados, etc.—, son los escándalos que involucran a la sanidad pública los más sensibles. Involucran vidas humanas.
“La sanidad mueve un presupuesto de unos 7.000 millones de euros, la tentación de caer en la corrupción es muy grande: muchos gerentes, y también políticos, se llevan comisiones de empresas de productos sanitarios, de laboratorios, de contratas de limpieza”, denuncia la doctora Camelia Roiu, que afirma que los pagos a los profesionales sanitarios son algo ordinario en el sistema de salud rumano en el que, hasta el año pasado, un médico no cobraba más de 700 euros al mes. "De nuevo la tentación", apunta. Laura Popa, por ejemplo, una administrativa de 32 años, pagó 200 euros por una cesárea. Su amiga Raluca, 150.


El testimonio de la anestesista Camelia Roiu ayudó a destapar un enorme escándalo en la sanidad rumana. M. R. S.,


Roiu habla abiertamente sobre el problema. De hecho, fue esta médico anestesista del Hospital de Quemados de Bucarest, quien denunció las pésimas condiciones del centro, que ya tenía abierta una investigación de la fiscalía anticorrupción por hacer operaciones de cirugía estética irregulares. Primero avisó a sus superiores. "Cuando me ignoraron fui a la prensa, de forma anónima", dice. Más tarde, cuando las cosas seguían igual y la situación se hizo tan intolerable que llegó a encontrar gusanos en las heridas de dos pacientes internados, filtró las espeluznantes grabaciones y documentos que atestiguaban no solo la presencia de las bacterias multirresistentes en el centro, también que la dirección lo sabía. Al final compareció públicamente.
Mientras tanto, el escándalo Hexi Pharma, desvelado gracias a una investigación periodística, descubrió que las autoridades no analizaban los productos empleados en sus hospitales. “Ni siquiera antes de comercializarse. Los biocidas fraudulentos fueron enviados, incluso, a los centros médicos de las tropas rumanas en el exterior, con la misión de la OTAN, y se usaron en Afganistán, Irak o Bosnia”, apunta Catalin Tolontan, el periodista que publicó la historia en Gazeta Sporturilor. Se desconoce cuántos afectados puede haber por el fraude, que terminó por adquirir tintes de película policíaca cuando el dueño del laboratorio, el hasta entonces reputado empresario Dan Condrea, murió el día que tenía que ir a declarar. Su coche, que iba a 60 kilómetros por hora, chocó contra un árbol y su cadáver quedó, según la policía, irreconocible. No hubo ningún testigo.


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